Donatella Della Porta publicó en 2004 un interesantísimo artículo en Crime, Law & Social Change 42: 35–60 titulado “Political parties and corruption: Ten hypotheses on five vicious circles” donde analiza las características  de los partidos y sistemas de partidos que favorecen la propagación de la corrupción.

Deseo compartir aquí algunas conclusiones y reflexiones extraídas de su lectura.

Aunque la corrupción también puede desarrollarse en los partidos de masas con fuerte componente ideológico, en las democracias avanzadas parece estar ligada mayormente a las estructuras partidistas más y más oligárquicas, a un descenso en la afiliación, a la reducción de los roles desempeñados por los activistas y los afiliados y a dirigentes profesionalizados. Robert Michels en su obra Los partidos políticos describió cómo las organizaciones políticas dejan pronto de ser un instrumento para alcanzar determinados fines socioeconómicos vinculados con el Interés General y el Bien Común desplazando sus objetivos para transformarse en un fin en sí mismo. Definió la conocida como “Ley de Hierro de las Oligarquías” basándose en tres argumentos principales: Por un lado, cuanto más grandes se hacen las organizaciones, más se incrementa su grado de burocratización al tender a especializarse y a aumentar la complejidad de sus decisiones. Los individuos que conocen, por diversas circunstancias, los modos y maneras de lidiar con los temas complejos se van volviendo imprescindibles conformando así una “élite”. Por otro lado, estos individuos están especialmente interesados en promover y alimentar el desarrollo de una dicotomía entre eficiencia y democracia interna convenciendo a los activistas de que para una mayor eficiencia de la organización se precisa de un liderazgo fuerte e incontestado. Finalmente, la propia dinámica psicológica de las masas de afiliados hace deseable el liderazgo puesto que, por uno u otro motivo, tienden a mostrarse apáticas e ineptas para resolver problemas por sí mismos, son agradecidos con los líderes que pueden repartir migajas más o menos gruesas de poder y riqueza tendiendo, además, al culto a la personalidad.

Así, el rol de los afiliados ha ido cambiando progresivamente del status de “razón de ser” de los partidos a meros recursos de financiación, caladeros de servicios y legitimación formal estética de un funcionamiento democrático más aparente que real. Pasando a ser, cada vez en mayor medida, maquinarias de uso personal al servicio del líder. Aunque los líderes puedan estar interesados en atraer ciertas clientelas controlables al partido para cubrir ciertos servicios, estas estarán lejos de poder o tener interés en fiscalizar el funcionamiento del partido y las decisiones de sus líderes, siendo un hecho demostrado que la corrupción se desarrolla con mucha mayor facilidad en organizaciones cuyos miembros y afiliados no supervisan su funcionamiento o no son sensibles a los incentivos ideológicos y morales para la acción colectiva. La corrupción emerge más facilmente en el seno del partido cuando este pierde su carácter ideológico y de masas. Los bajos niveles de militancia real y arraigo en la sociedad, un alto nivel de personalismo y el pragmatismo han sido citados como factores explicativos de la corrupción en España. Los partidos españoles provienen de los partidos de notables de comienzos del pasado siglo habiendo prescindido de una verdadera etapa como partidos de masas. Por ello tienden a ser crecientemente oligárquicos con un progresivo divorcio entre los líderes y los miembros de base al tiempo que muestran un nivel de esfuerzo real muy pequeño en reclutar a verdaderos afiliados y activistas. No obstante, pese a su escaso número de afiliados, los partidos políticos tienen grandes y costosas estructuras organizativas con muchos “funcionarios” y cargos a sueldo lo que provoca que tengan que recurrir, por un lado, a las arcas del Estado para su financiación y, por el otro, a las donaciones en A y en B de lobbies y empresas a cambio de favores, no siempre confesables, una vez conseguida alguna cuota de poder en algún ámbito.

Incluso en países en los que puede observarse el desarrollo de partidos que podemos considerar como de masas, el aumento de la corrupción coincide con el declive de los vínculos ideológicos entre el partido y sus votantes y activistas. Una de las consecuencias de la pérdida del carácter ideológico de los partidos políticos ha sido el incremento de las “intrigas” pragmáticas y la búsqueda de objetivos y “negocios” de carácter no ideológico que no solo han conducido a su progresiva desideologización sino también a la proliferación y legitimación del arribismo y el diseño de carreras individuales. La corrupción política se incrementa cuando los partidos se transforman en organizaciones de pobre activismo, participación y afiliación reales donde los verdaderos emprendedores políticos honestos afrontan serios problemas financieros, de acceso a los recursos controlados por las nomenclaturas de la élite y organizativos.

Sin legitimidad real para movilizar a un electorado estable, sin miembros y simpatizantes capaces de enfrentarse a una clase política y élites internas que, carentes de motivaciones ideológicas, contemplan el enriquecimiento como el único incentivo selectivo para la política, los partidos políticos se convierten en el caldo de cultivo ideal para un amplio rango de prácticas corruptas. Por ejemplo, se empiezan a seleccionar a aquellos individuos más “competentes” para la organización de la financiación ilegal alterando, de forma más o menos evidente y/o directa, los mecanismos para seleccionar al personal político y burocrático a favor de los individuos con menos escrúpulos que estén dispuestos a “invertir” en crear y comerciar con influencias. El sentido de pertenencia y afiliación a un partido resulta así alterado. La gente deja de afiliarse altruistamente para contribuir voluntariamente al trabajo a favor del partido que defiende una determinada interpretación del Bien Común, sino que lo hacen para ser admitidos en la competición por posiciones en las que alcanzar intereses privados. Los mecanismos de filtrado son diseñados entonces para el aseguramiento de que el futuro cargo político sea una persona con las habilidades especiales necesarias y dispuesta a participar en prácticas ilícitas o que, al menos, se “comporte de manera responsable” y no plantee objeciones morales cuando se entere de alguna irregularidad relacionada con prácticas corruptas o sospechosas dentro del partido.

Resulta evidente, por otro lado, que el fenómeno de la corrupción casa a la perfección con los enormes costes de las faraónicas campañas electorales que deben afrontar los grandes partidos para colocar en el mercado electoral su candidato-producto. Costes que, probablemente, haya muchas personas y actores interesados, dentro y fuera del entorno partidista, en que no se reduzcan y continúen incrementándose para crear el fermento y la necesidad de las amplias y, muchas veces, complejas prácticas corruptas amparadas en la excusa de la necesidad de financiación.

La corrupción produce, de hecho, un sistema de valores orientado a la consecución de objetivos individuales a través de interacciones basadas en beneficios extrínsecos a una concepción de la política éticamente aceptable o instrumentales al tiempo que desincentiva las relaciones “ideológicas” basadas en beneficios de corte moral o expresivo. Así, las prácticas corruptas reducen la capacidad de los partidos para movilizar recursos ideológicos y distribuir incentivos moralmente admisibles a la participación. De este modo, se contribuye a la monetarización y parcelación del poder interno en el partido (las lealtades se compran y se venden a cambio de poder, favores, cargos o dinero) transformando al mismo en una serie de clanes en permanente estado de guerra interna en el que la “ideología” o el servicio al ciudadano son vistos (cuando no hay público ni eso) como meras cortinas de humo tras las que ocultar maquinaciones y objetivos poco presentables.

Una importante característica de los principales partidos en cuanto a número de votos es su disposición y tendencia real, más allá de las poses estéticas, a confabularse, de formas más o menos tácitas, en el importante asunto de la financiación de sus maquinarias tanto a través de los fondos públicos y de las donaciones privadas en “A” y en “B”, como del trascendental asunto del control y fiscalización efectivos de sus estados de cuentas por parte de los tribunales, las instituciones y la ciudadanía. Resulta lógico pues, que a falta de unos mínimos escrúpulos morales y democráticos, las élites de estos partidos coopten y encuentren diversos medios para manejar y administrar la realidad de la corrupción minimizando los efectos dañinos, tras las “reglamentarias” alharacas de fogueo ante los medios de comunicación, de los escándalos en que se ven envueltos. Eso los protege de una escalada incontrolada de denuncias en la que se puede ver amenazado el status quo del sistema de partidos que mantiene a los grandes en posición predominante.

Es necesario tener muy presente que la corrupción política muy, muy raramente se trata de un negocio o intercambio puramente individual. En los sistemas democráticos, la división de los poderes públicos hace que sea habitualmente imposible para un solo actor, cargo o individuo ofrecer los servicios demandados por el corruptor que, frecuentemente, han de ser prestados a través del tiempo y los avatares electorales. Cuando la corrupción es conocida, practicada o consentida por varios agentes políticos en colaboración, más o menos evidente o demostrable,  se hacen necesarios acuerdos ocultos entre los partidos y cierta administración coordinada del poder para evitar los riesgos de denuncias o los provenientes de los “free-riders” o políticos decentes que se niegan a amparar con su silencio las prácticas corruptas. Estos acuerdos se basan a veces, por ejemplo, en una determinada distribución de contratos públicos entre distintas empresas en base al color de sus “donaciones” o “querencias” políticas, o distribuyendo beneficios de acuerdo con la fuerza electoral de los partidos involucrados. En general, los grandes partidos cooptantes en cuanto al uso de grandes cantidades del erario y receptores de los beneficios proporcionados por la corrupción, manifiestan una solidaridad recíproca cuando los escándalos verdaderamente trascendentes relacionados con la financiación de los partidos emergen. Esta “conspiración del silencio” opera especialmente entre los líderes de los distintos partidos más allá de los agrios y violentos conflictos escenificados ante los medios de comunicación. Para sobrevivir, todos deben simular respetar las reglas del juego público mientras silencian y se mantienen fieles a las reglas de su juego oculto. Esta comunidad de intereses dificulta en buena medida el correcto funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos y los mecanismos usuales de control asociados, al menos en teoría, con los sistemas competitivos de partidos, reemplazándolos por pautas de acuerdos tácitos y mejoras de los privilegios mútuos.

El control de un determinado partido sobre las administraciones públicas incrementa los recursos susceptibles de ser invertidos en corrupción, reduciendo al mismo tiempo la posibilidad de controles mutuos entre los cargos de designación política y los funcionarios de carrera. La fuerza o debilidad de los partidos puede ser medida de dos maneras, bien a través de su capacidad para proporcionar ventajas, cargos y sinecuras al aparato del partido y sus colaboradores, o bien a través de su capacidad para transmitir, articular y materializar en resultados las demandas de los representados. La corrupción suele hallarse negativamente correlacionada con el segundo tipo de poder del partido e infecta con mucha mayor frecuencia ante la carencia de programas a largo plazo, recursos ideológicos e incentivos morales o expresivos a la participación. De esta forma, en los sistemas representativos con altos índices de corrupción, el peso electoral se emplea principalmente para determinar la proporción y cantidad de botines, cargos y sinecuras a la disposición de las élites de los partidos para distribuir entre sus clientelas empleando sistemáticamente el control de la maquinaria de las distintas administraciones del Estado para recompensar, a través de empleo público (por ejemplo), a los afiliados y simpatizantes por su fidelidad y apoyo en diversos ámbitos.

El declive de la capacidad de llamamiento al Bien Común y con ello el deterioro de la legitimidad sustantiva, incrementa la necesidad de clientelas personales mientras que la corrupción reduce la capacidad de los partidos para agregar, articular, transmitir y gestionar los intereses colectivos. Todo ello altera radicalmente el potencial de los partidos para identificar e interpretar las necesidades y deseos de la ciudadanía; seleccionar y abstraer aquellos que pueden ser expresados en términos políticos; proponer, justificar y criticar políticas o medidas para conseguir dichos objetivos o, cuando es necesario, para explicar por qué estos no pueden ser satisfechos. En lugar de priorizar la satisfacción de la voluntad ciudadana o el Interés General, los partidos corruptos toman sus decisiones en términos de la consecución de sobornos de alguna clase. Cuando la corrupción está arraigada en el sistema, para los partidos, el manejo a discreción de los fondos públicos se convierte en un objetivo en sí mismo, entonces, las acciones de los cargos políticos corruptos distorsionan seriamente la actividad administrativa, los trabajos y proyectos son contratados exclusivamente en función del grado de seguridad y facilidad con los que los sobornos y “donaciones” pueden ser recaudados y no en base de criterios técnicos o económicos destinados a salvaguardar el Erario. De hecho, el objetivo de los administradores corruptos es atraer hacia el partido y/o hacia el propio bolsillo cuantos recursos sean posibles desde las áreas donde tienen poder, obteniendo por ello en agradecimiento, mientras puedan mantenerse al margen de investigaciones judiciales, poder y reconocimientos crecientes en el seno de las maquinarias partitocráticas. Así, el gasto público tiende a desviarse hacia los sectores en los que los beneficios por corrupción son mayores y los riesgos de poder ser demostrados los delitos menores prestándose un interés decreciente a las necesidades de la ciudadanía.

La corrupción es sistémica cuando lo ilícito se convierte en norma y la corrupción es tan común y está tan institucionalizada que aquellos que la aceptan y practican se ven recompensados mientras que aquellos que actúan según el espíritu del Ordenamiento Jurídico de un Estado de Derecho democrático y según los imperativos morales que deben regir lo público, lo social y lo personal se ven penalizados y discriminados.

Resulta fácil percibir cuándo los partidos políticos ocupan la sociedad civil no con la intención de diseñar y ejecutar programas políticos a largo plazo sino con la intención de asegurarse la extracción de diversas rentas parasitarias. La ocupación de la administración pública permite a los partidos asegurarse la continuidad y difusión del juego de la corrupción a través de distintas áreas geográficas, administraciones y sectores. Controlando el acceso a los diferentes organismos públicos, los partidos corruptos se aseguran de que la corrupción se consolide como una práctica establecida con normas aceptadas, consolidada en el tiempo más allá de cambios en los cargos de designación política en los diferentes puestos. A través de este mecanismo, entre otros, los partidos recompensan a aquellos que colaboran y penalizan a aquellos que no están dispuestos a jugar el juego de la corrupción.

Mientras que en las transacciones legales las leyes protegen a las partes contratantes de posibles trasgresiones contractuales, en el mercado de lo ilegal otros actores deben asumir esta función. Los partidos políticos corruptos representan uno de esos actores cuya función es reducir los costes y riesgos de los negocios ilegales. La presencia del partido en las administraciones ofrece a los diversos participantes en transacciones ocultas la posibilidad de distribuir sanciones entre los incumplidores de los acuerdos. Más allá de eso, los partidos corruptos socializan las reglas del juego ilegal permitiendo que el sistema de transacciones ocultas se expanda y facilitando la corrupción al reducir las barreras morales contra las acciones antidemocráticas e ilegales. La afiliación a un partido político y la experiencia de la vida política en general posee efectos socializadores que tienden a convertirse en parte constitutiva de la identidad de la persona e incluso de sus principios morales. Un miembro de una asociación política puede recibir reconocimiento por sus capacidades técnicas o culturales; sus cualidades éticas y morales; su lealtad o conformismo en asuntos ideológicos; lealtad a un determinado líder; astucia; agresividad o falta de escrúpulos para deshacerse de adversarios externos o internos respectivamente; capacidad para establecer lazos con la sociedad, o capacidad para proporcionar fondos al partido. La calidad moral del partido variará de acuerdo con el criterio prevalente de reconocimiento individual y, de este modo, la corrupción en el seno de los partidos, genera valores corruptos que, a su vez, se convierten en los genes de la corrupción que retroalimentan la podredumbre de la organización.

¿Seremos capaces los ciudadanos de romper la cadena, deshacer el nudo Gordiano de la corrupción y darnos unos partidos políticos sanos, participativos y democráticos capaces de interpretar y articular la voluntad general ciudadana con el objetivo de alcanzar algún tipo de concepción de Bien Común e Interés general?

¿Serán capaces las nomenclaturas y cargos orgánicos de nuestros partidos de mostrar un mínimo de altura moral o simplemente de decencia para enfrentarse a la corrupción decididamente, sin treguas, concesiones, silencios cómplices o miradas hacia otro lado?

Personalmente he decidido mantener la esperanza y la lucha en la medida de los medios a mi alcance. Necesitamos también vuestra esperanza y vuestra lucha. JUNTOS PODEMOS.