Etiquetado: Corrupción

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NEOPATRIMONIALISMO, un término para describir el funcionamiento político de España y sus 17 Comunidades Autónomas

CapturaEl concepto “Neopatrimonialismo” describe la coexistencia e interacción de instituciones formales e informales, o conductas y procedimientos informales generalizados dentro de un sistema político formal como un Estado moderno. Es un sistema en el que existen dos lógicas y patrones institucionales actuando a la vez y en paralelo: el sistema patrimonial de gobierno personalista, el clientelismo y el patronazgo, junto con el sistema legal-racional del Estado moderno. Además, las dos esferas tienden a fusionarse de modo que  el sistema patrimonial (de gobierno personal) penetra en el sistema legal-racional, tergiversa su lógica, sus funciones y sus actuaciones. Como las instituciones y los comportamientos formales e informales están íntimamente ligados entre sí de diversas maneras y en distintos grados y esta mezcla se institucionaliza. Los sistemas neopatrimonialistas se caracterizan por el clientelismo, que puede describirse como el procedimiento a través del cual los patrones mantienen su status de poder basado en la concesión de favores personales relacionados con la distribución de puestos de trabajo en el sector público o el reparto de los recursos públicos, a través de la concesión de licencias, contratos y proyectos. Así, el clientelismo es una forma de dependencia basada en el poder para distribuir de una forma desigual los recursos relacionados con la gestión de lo público que son usados en beneficio mutuo.Esto va unido a la concentración sistemática del poder político en manos de un pequeño número de individuos que actúan como mecenas. La privatización y la distribución de bienes públicos a sus clientes son factores esenciales para la estabilización y el mantenimiento de su poder.

Sin embargo, esto no impide que las redes de clientelismo puedan cambiar en parte a lo largo del tiempo. Con el Presidente en la parte superior, las redes neopatrimoniales a menudo tienen una estructura piramidal. Esto es debido a que los miembros de alto rango en el aparato estatal tienen la posibilidad de “privatizar” los cargos públicos a cuya designación  tienen acceso nombrando a amigos, socios o miembros de la familia. Con los subordinados en cada nivel reclutando sus propios clientes en los niveles por debajo de ellos, extensas redes emergen. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que tales sistemas sean siempre totalmente centralizados. También podría ser que las diferentes redes de poder compitan por el poder, teniendo así capturadas para distintos clanes diferentes instituciones del Estado.

O´Neil distingue cuatro elementos fundamentales (que podríamos resumir en tres) en los estados neopatrimoniales:

  • Hibridación institucional. Las instituciones informales son una característica de todas las sociedades humanas, por lo tanto existen junto a instituciones formales en todos los Estados. Los estados neopatrimoniales se distinguen por la existencia y habitual prevalencia de normas y prácticas patrimoniales informales junto a las normas o instituciones jurídico-racionales formales.
  • Existencia a un tiempo de instituciones patrimoniales y legales-racionales. En los regímenes puramente patrimoniales al estilo de las monarquías absolutas, la cuestión de la legitimidad de las prácticas patrimoniales no se plantea porque no existe ninguna distinción entre la esfera pública y la privada. En los estados neopatrimoniales, sin embargo, las prácticas patrimoniales utilizan e instrumentalizan las instituciones jurídico-racionales propias de las democracias liberales. Por lo tanto, los estados neopatrimoniales se distinguen por la existencia de instituciones racionales-legales formales disfuncionales junto a las normas patrimoniales informales y el compromiso retórico de las élites para la separación de las esferas pública y privada.
  • Importancia relativa de las instituciones formales e informales: Todos los estados modernos muestran prácticas que pueden caracterizarse como patrimoniales. Los estados neopatrimoniales se distinguen por una lógica patrimonial generalizada y, a menudo, predominante sobre la jurídico-racional.
  • Incompatibilidad institucional: En sistemas políticos estables, las instituciones formales e informales rigen generalmente las reglas del juego político de forma complementaria. En los estados neopatrimoniales no sólo se carece de un conjunto común de reglas predecibles, sino que las reglas formales e informales son frecuentemente contradictorias. Esto permite la impugnación de las reglas legítimas del juego y produce incertidumbre acerca de las reglas que prevalecerán y se harán cumplir. En lugar de venir definidos por la ausencia de normas, los estados neopatrimoniales se distinguen por la presencia de múltiples y contradictorias normas o instituciones.

De este modo, el patrimonialismo y la informalidad propias de los estados neopatrimoniales se expresa a través de tres características básicas fundamentales para la comprensión de otros funcionamientos y dinámicas en su seno.

  • Escasa o nula separación de las esferas pública y privada: Esto da lugar a la apropiación privada de lo público y el uso de recursos públicos para, entre otras cosas, la legitimación política. También está íntimamente relacionada con otras prácticas como el clientelismo, el nepotismo, las relaciones de intercambio horizontales y la corrupción.
  • Primacía de los vínculos verticales sobre los horizontales: Combinando la débil separación de las esferas pública y privada con la primacía de la jerarquía vertical se obtiene como resultado el clientelismo sistémico que se ve reforzado también por la naturaleza de suma cero propia de la competencia neopatrimonial por el poder en el Estado. Esto hace que sea imperativo para los patrones y la clientela mantener sus relaciones y la estructura: para los patrones, debido a su necesidad de mantener su posición y su apoyo por parte de las bases; para los clientes, debido a la ausencia de servicios públicos confiables y universales así como mecanismos que actúen como redes de seguridad
  • Personalismo: El personalismo impregna a los estados neopatrimoniales y se expresa tanto en la forma de liderazgo (“presidencialismo”) y en la naturaleza del poder y las relaciones en toda la sociedad. Los estados neopatrimoniales tienden a ser presidencialistas. Esto no se refiere solo al sistema político formal, sino al hecho de que el poder tiende a concentrarse en una sola persona que domina el aparato del Estado y está por encima de sus leyes. Algunos autores se refieren a este fenómeno como el “liderazgo del hombre grande o fuerte” cuyas características tinden a replicarse en todos los niveles y aspectos de la sociedad.

Todo ello da lugar a una lógica política particular: los líderes y sus oponentes utilizan instituciones formales (el Estado) y reglas, normas y prácticas informales, (como el personalismo, el clientelismo, el control centralizado de facto de los recursos del Estado, etc.) para obtener legitimidad y ventaja en una competición de tipo winner-takes-all por el control del Estado.

CONSULTAS:

Anastasios Karasavvoglou • Serdar Ongan •Persefoni Polychronidou Editors.  EU Crisis and the Role of the Periphery

O’Neil,Tam Neopatrimonialism and public sector performance and reform http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4393.pdf

SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS Y CORRUPCIÓN

ImageDonatella Della Porta publicó en 2004 un interesantísimo artículo en Crime, Law & Social Change 42: 35–60 titulado “Political parties and corruption: Ten hypotheses on five vicious circles” donde analiza las características  de los partidos y sistemas de partidos que favorecen la propagación de la corrupción.

Deseo compartir aquí algunas conclusiones y reflexiones extraídas de su lectura.

Aunque la corrupción también puede desarrollarse en los partidos de masas con fuerte componente ideológico, en las democracias avanzadas parece estar ligada mayormente a las estructuras partidistas más y más oligárquicas, a un descenso en la afiliación, a la reducción de los roles desempeñados por los activistas y los afiliados y a dirigentes profesionalizados. Robert Michels en su obra Los partidos políticos describió cómo las organizaciones políticas dejan pronto de ser un instrumento para alcanzar determinados fines socioeconómicos vinculados con el Interés General y el Bien Común desplazando sus objetivos para transformarse en un fin en sí mismo. Definió la conocida como “Ley de Hierro de las Oligarquías” basándose en tres argumentos principales: Por un lado, cuanto más grandes se hacen las organizaciones, más se incrementa su grado de burocratización al tender a especializarse y a aumentar la complejidad de sus decisiones. Los individuos que conocen, por diversas circunstancias, los modos y maneras de lidiar con los temas complejos se van volviendo imprescindibles conformando así una “élite”. Por otro lado, estos individuos están especialmente interesados en promover y alimentar el desarrollo de una dicotomía entre eficiencia y democracia interna convenciendo a los activistas de que para una mayor eficiencia de la organización se precisa de un liderazgo fuerte e incontestado. Finalmente, la propia dinámica psicológica de las masas de afiliados hace deseable el liderazgo puesto que, por uno u otro motivo, tienden a mostrarse apáticas e ineptas para resolver problemas por sí mismos, son agradecidos con los líderes que pueden repartir migajas más o menos gruesas de poder y riqueza tendiendo, además, al culto a la personalidad.

Así, el rol de los afiliados ha ido cambiando progresivamente del status de “razón de ser” de los partidos a meros recursos de financiación, caladeros de servicios y legitimación formal estética de un funcionamiento democrático más aparente que real. Pasando a ser, cada vez en mayor medida, maquinarias de uso personal al servicio del líder. Aunque los líderes puedan estar interesados en atraer ciertas clientelas controlables al partido para cubrir ciertos servicios, estas estarán lejos de poder o tener interés en fiscalizar el funcionamiento del partido y las decisiones de sus líderes, siendo un hecho demostrado que la corrupción se desarrolla con mucha mayor facilidad en organizaciones cuyos miembros y afiliados no supervisan su funcionamiento o no son sensibles a los incentivos ideológicos y morales para la acción colectiva. La corrupción emerge más facilmente en el seno del partido cuando este pierde su carácter ideológico y de masas. Los bajos niveles de militancia real y arraigo en la sociedad, un alto nivel de personalismo y el pragmatismo han sido citados como factores explicativos de la corrupción en España. Los partidos españoles provienen de los partidos de notables de comienzos del pasado siglo habiendo prescindido de una verdadera etapa como partidos de masas. Por ello tienden a ser crecientemente oligárquicos con un progresivo divorcio entre los líderes y los miembros de base al tiempo que muestran un nivel de esfuerzo real muy pequeño en reclutar a verdaderos afiliados y activistas. No obstante, pese a su escaso número de afiliados, los partidos políticos tienen grandes y costosas estructuras organizativas con muchos “funcionarios” y cargos a sueldo lo que provoca que tengan que recurrir, por un lado, a las arcas del Estado para su financiación y, por el otro, a las donaciones en A y en B de lobbies y empresas a cambio de favores, no siempre confesables, una vez conseguida alguna cuota de poder en algún ámbito.

Incluso en países en los que puede observarse el desarrollo de partidos que podemos considerar como de masas, el aumento de la corrupción coincide con el declive de los vínculos ideológicos entre el partido y sus votantes y activistas. Una de las consecuencias de la pérdida del carácter ideológico de los partidos políticos ha sido el incremento de las “intrigas” pragmáticas y la búsqueda de objetivos y “negocios” de carácter no ideológico que no solo han conducido a su progresiva desideologización sino también a la proliferación y legitimación del arribismo y el diseño de carreras individuales. La corrupción política se incrementa cuando los partidos se transforman en organizaciones de pobre activismo, participación y afiliación reales donde los verdaderos emprendedores políticos honestos afrontan serios problemas financieros, de acceso a los recursos controlados por las nomenclaturas de la élite y organizativos.

Sin legitimidad real para movilizar a un electorado estable, sin miembros y simpatizantes capaces de enfrentarse a una clase política y élites internas que, carentes de motivaciones ideológicas, contemplan el enriquecimiento como el único incentivo selectivo para la política, los partidos políticos se convierten en el caldo de cultivo ideal para un amplio rango de prácticas corruptas. Por ejemplo, se empiezan a seleccionar a aquellos individuos más “competentes” para la organización de la financiación ilegal alterando, de forma más o menos evidente y/o directa, los mecanismos para seleccionar al personal político y burocrático a favor de los individuos con menos escrúpulos que estén dispuestos a “invertir” en crear y comerciar con influencias. El sentido de pertenencia y afiliación a un partido resulta así alterado. La gente deja de afiliarse altruistamente para contribuir voluntariamente al trabajo a favor del partido que defiende una determinada interpretación del Bien Común, sino que lo hacen para ser admitidos en la competición por posiciones en las que alcanzar intereses privados. Los mecanismos de filtrado son diseñados entonces para el aseguramiento de que el futuro cargo político sea una persona con las habilidades especiales necesarias y dispuesta a participar en prácticas ilícitas o que, al menos, se “comporte de manera responsable” y no plantee objeciones morales cuando se entere de alguna irregularidad relacionada con prácticas corruptas o sospechosas dentro del partido.

Resulta evidente, por otro lado, que el fenómeno de la corrupción casa a la perfección con los enormes costes de las faraónicas campañas electorales que deben afrontar los grandes partidos para colocar en el mercado electoral su candidato-producto. Costes que, probablemente, haya muchas personas y actores interesados, dentro y fuera del entorno partidista, en que no se reduzcan y continúen incrementándose para crear el fermento y la necesidad de las amplias y, muchas veces, complejas prácticas corruptas amparadas en la excusa de la necesidad de financiación.

La corrupción produce, de hecho, un sistema de valores orientado a la consecución de objetivos individuales a través de interacciones basadas en beneficios extrínsecos a una concepción de la política éticamente aceptable o instrumentales al tiempo que desincentiva las relaciones “ideológicas” basadas en beneficios de corte moral o expresivo. Así, las prácticas corruptas reducen la capacidad de los partidos para movilizar recursos ideológicos y distribuir incentivos moralmente admisibles a la participación. De este modo, se contribuye a la monetarización y parcelación del poder interno en el partido (las lealtades se compran y se venden a cambio de poder, favores, cargos o dinero) transformando al mismo en una serie de clanes en permanente estado de guerra interna en el que la “ideología” o el servicio al ciudadano son vistos (cuando no hay público ni eso) como meras cortinas de humo tras las que ocultar maquinaciones y objetivos poco presentables.

Una importante característica de los principales partidos en cuanto a número de votos es su disposición y tendencia real, más allá de las poses estéticas, a confabularse, de formas más o menos tácitas, en el importante asunto de la financiación de sus maquinarias tanto a través de los fondos públicos y de las donaciones privadas en “A” y en “B”, como del trascendental asunto del control y fiscalización efectivos de sus estados de cuentas por parte de los tribunales, las instituciones y la ciudadanía. Resulta lógico pues, que a falta de unos mínimos escrúpulos morales y democráticos, las élites de estos partidos coopten y encuentren diversos medios para manejar y administrar la realidad de la corrupción minimizando los efectos dañinos, tras las “reglamentarias” alharacas de fogueo ante los medios de comunicación, de los escándalos en que se ven envueltos. Eso los protege de una escalada incontrolada de denuncias en la que se puede ver amenazado el status quo del sistema de partidos que mantiene a los grandes en posición predominante.

Es necesario tener muy presente que la corrupción política muy, muy raramente se trata de un negocio o intercambio puramente individual. En los sistemas democráticos, la división de los poderes públicos hace que sea habitualmente imposible para un solo actor, cargo o individuo ofrecer los servicios demandados por el corruptor que, frecuentemente, han de ser prestados a través del tiempo y los avatares electorales. Cuando la corrupción es conocida, practicada o consentida por varios agentes políticos en colaboración, más o menos evidente o demostrable,  se hacen necesarios acuerdos ocultos entre los partidos y cierta administración coordinada del poder para evitar los riesgos de denuncias o los provenientes de los “free-riders” o políticos decentes que se niegan a amparar con su silencio las prácticas corruptas. Estos acuerdos se basan a veces, por ejemplo, en una determinada distribución de contratos públicos entre distintas empresas en base al color de sus “donaciones” o “querencias” políticas, o distribuyendo beneficios de acuerdo con la fuerza electoral de los partidos involucrados. En general, los grandes partidos cooptantes en cuanto al uso de grandes cantidades del erario y receptores de los beneficios proporcionados por la corrupción, manifiestan una solidaridad recíproca cuando los escándalos verdaderamente trascendentes relacionados con la financiación de los partidos emergen. Esta “conspiración del silencio” opera especialmente entre los líderes de los distintos partidos más allá de los agrios y violentos conflictos escenificados ante los medios de comunicación. Para sobrevivir, todos deben simular respetar las reglas del juego público mientras silencian y se mantienen fieles a las reglas de su juego oculto. Esta comunidad de intereses dificulta en buena medida el correcto funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos y los mecanismos usuales de control asociados, al menos en teoría, con los sistemas competitivos de partidos, reemplazándolos por pautas de acuerdos tácitos y mejoras de los privilegios mútuos.

El control de un determinado partido sobre las administraciones públicas incrementa los recursos susceptibles de ser invertidos en corrupción, reduciendo al mismo tiempo la posibilidad de controles mutuos entre los cargos de designación política y los funcionarios de carrera. La fuerza o debilidad de los partidos puede ser medida de dos maneras, bien a través de su capacidad para proporcionar ventajas, cargos y sinecuras al aparato del partido y sus colaboradores, o bien a través de su capacidad para transmitir, articular y materializar en resultados las demandas de los representados. La corrupción suele hallarse negativamente correlacionada con el segundo tipo de poder del partido e infecta con mucha mayor frecuencia ante la carencia de programas a largo plazo, recursos ideológicos e incentivos morales o expresivos a la participación. De esta forma, en los sistemas representativos con altos índices de corrupción, el peso electoral se emplea principalmente para determinar la proporción y cantidad de botines, cargos y sinecuras a la disposición de las élites de los partidos para distribuir entre sus clientelas empleando sistemáticamente el control de la maquinaria de las distintas administraciones del Estado para recompensar, a través de empleo público (por ejemplo), a los afiliados y simpatizantes por su fidelidad y apoyo en diversos ámbitos.

El declive de la capacidad de llamamiento al Bien Común y con ello el deterioro de la legitimidad sustantiva, incrementa la necesidad de clientelas personales mientras que la corrupción reduce la capacidad de los partidos para agregar, articular, transmitir y gestionar los intereses colectivos. Todo ello altera radicalmente el potencial de los partidos para identificar e interpretar las necesidades y deseos de la ciudadanía; seleccionar y abstraer aquellos que pueden ser expresados en términos políticos; proponer, justificar y criticar políticas o medidas para conseguir dichos objetivos o, cuando es necesario, para explicar por qué estos no pueden ser satisfechos. En lugar de priorizar la satisfacción de la voluntad ciudadana o el Interés General, los partidos corruptos toman sus decisiones en términos de la consecución de sobornos de alguna clase. Cuando la corrupción está arraigada en el sistema, para los partidos, el manejo a discreción de los fondos públicos se convierte en un objetivo en sí mismo, entonces, las acciones de los cargos políticos corruptos distorsionan seriamente la actividad administrativa, los trabajos y proyectos son contratados exclusivamente en función del grado de seguridad y facilidad con los que los sobornos y “donaciones” pueden ser recaudados y no en base de criterios técnicos o económicos destinados a salvaguardar el Erario. De hecho, el objetivo de los administradores corruptos es atraer hacia el partido y/o hacia el propio bolsillo cuantos recursos sean posibles desde las áreas donde tienen poder, obteniendo por ello en agradecimiento, mientras puedan mantenerse al margen de investigaciones judiciales, poder y reconocimientos crecientes en el seno de las maquinarias partitocráticas. Así, el gasto público tiende a desviarse hacia los sectores en los que los beneficios por corrupción son mayores y los riesgos de poder ser demostrados los delitos menores prestándose un interés decreciente a las necesidades de la ciudadanía.

La corrupción es sistémica cuando lo ilícito se convierte en norma y la corrupción es tan común y está tan institucionalizada que aquellos que la aceptan y practican se ven recompensados mientras que aquellos que actúan según el espíritu del Ordenamiento Jurídico de un Estado de Derecho democrático y según los imperativos morales que deben regir lo público, lo social y lo personal se ven penalizados y discriminados.

Resulta fácil percibir cuándo los partidos políticos ocupan la sociedad civil no con la intención de diseñar y ejecutar programas políticos a largo plazo sino con la intención de asegurarse la extracción de diversas rentas parasitarias. La ocupación de la administración pública permite a los partidos asegurarse la continuidad y difusión del juego de la corrupción a través de distintas áreas geográficas, administraciones y sectores. Controlando el acceso a los diferentes organismos públicos, los partidos corruptos se aseguran de que la corrupción se consolide como una práctica establecida con normas aceptadas, consolidada en el tiempo más allá de cambios en los cargos de designación política en los diferentes puestos. A través de este mecanismo, entre otros, los partidos recompensan a aquellos que colaboran y penalizan a aquellos que no están dispuestos a jugar el juego de la corrupción.

Mientras que en las transacciones legales las leyes protegen a las partes contratantes de posibles trasgresiones contractuales, en el mercado de lo ilegal otros actores deben asumir esta función. Los partidos políticos corruptos representan uno de esos actores cuya función es reducir los costes y riesgos de los negocios ilegales. La presencia del partido en las administraciones ofrece a los diversos participantes en transacciones ocultas la posibilidad de distribuir sanciones entre los incumplidores de los acuerdos. Más allá de eso, los partidos corruptos socializan las reglas del juego ilegal permitiendo que el sistema de transacciones ocultas se expanda y facilitando la corrupción al reducir las barreras morales contra las acciones antidemocráticas e ilegales. La afiliación a un partido político y la experiencia de la vida política en general posee efectos socializadores que tienden a convertirse en parte constitutiva de la identidad de la persona e incluso de sus principios morales. Un miembro de una asociación política puede recibir reconocimiento por sus capacidades técnicas o culturales; sus cualidades éticas y morales; su lealtad o conformismo en asuntos ideológicos; lealtad a un determinado líder; astucia; agresividad o falta de escrúpulos para deshacerse de adversarios externos o internos respectivamente; capacidad para establecer lazos con la sociedad, o capacidad para proporcionar fondos al partido. La calidad moral del partido variará de acuerdo con el criterio prevalente de reconocimiento individual y, de este modo, la corrupción en el seno de los partidos, genera valores corruptos que, a su vez, se convierten en los genes de la corrupción que retroalimentan la podredumbre de la organización.

¿Seremos capaces los ciudadanos de romper la cadena, deshacer el nudo Gordiano de la corrupción y darnos unos partidos políticos sanos, participativos y democráticos capaces de interpretar y articular la voluntad general ciudadana con el objetivo de alcanzar algún tipo de concepción de Bien Común e Interés general?

¿Serán capaces las nomenclaturas y cargos orgánicos de nuestros partidos de mostrar un mínimo de altura moral o simplemente de decencia para enfrentarse a la corrupción decididamente, sin treguas, concesiones, silencios cómplices o miradas hacia otro lado?

Personalmente he decidido mantener la esperanza y la lucha en la medida de los medios a mi alcance. Necesitamos también vuestra esperanza y vuestra lucha. JUNTOS PODEMOS.

ALGUNAS REFORMAS URGENTES EN EL SISTEMA REPRESENTATIVO E INSTITUCIONAL DE ESPAÑA

ImageCualquier ciudadano interesado en obtener unos niveles mínimos de información de su entorno socio político, es consciente de la imperiosa necesidad de relegitimar y reformar en sus aspectos formales y sustantivos nuestro sistema representativo e institucional al tornarse, por diversas circunstancias,  inoperante de facto para articular y representar la voluntad y los intereses de la compleja pluralidad política social y económica del Estado español y sus Comunidades Autónomas.

Mi propuesta de reforma del sistema representativo español resumida y a grandes rasgos para dejar claros los conceptos básicos es:

Incrementar el número de diputados en el Congreso (actual Cámara Baja)  hasta el máximo constitucional de 400 con el fin de aumentar la proporcionalidad representativa de la Cámara y permitir la inclusión de opciones políticas minoritarias lo que, entre otros efectos positivos, redundaría en una mayor pluralidad y un mejor control democrático del Ejecutivo.

Supresión del Senado al haberse demostrado completamente ineficaz para el desempeño de sus funciones teóricas básicas como la promoción de la integración territorial; su labor legislativa y de segunda lectura, y su papel de control e impulso político tanto de la política interior como de la exterior.

De hecho, resulta tristemente conocido que la Cámara Alta ha sido y es destinada de facto a colocar en asientos cómodos y bien remunerados a clientelas partitocráticas; aparcar dinosaurios de diversas procedencias como jubilación de lujo; proporcionar sinecuras a familiares y allegados,  y devolver favores de diversa índole, no siempre confesables, por servicios prestados a los partidos en distintos niveles.

Supresión de Diputaciones y Consejos Insulares cuya auténtica función es idéntica a la real del Senado (dotación de sinecuras a los aparatos de los partidos para su reparto entre las clientelas) descrita en el último párrafo, reforzando al mismo tiempo las capacidades tanto normativas como presupuestarias de los Ayuntamientos y traspasando a las CCAA las escasas competencias reales de las diputaciones que no puedan ser absorbidas por las Entidades Locales.

Transparencia absoluta por imperativo legal de la contabilidad de las formaciones políticas y sus fundaciones al máximo nivel de desglose en los distintos niveles organizativos y publicación trimestral de sus cuentas. Con el objeto de que cualquier ciudadano o entidad pueda fácil y rápidamente fiscalizar la procedencia y uso de cada euro del que disponen los partidos. Ello facilitaría el control de uno de los principales cánceres de nuestro sistema de partidos, trasladado al tejido socio económico, que es la corrupción vinculada directa o indirectamente a su financiación en A y en B.

Disminución del umbral electoral que es la proporción mínima de votos necesarios para que una lista electoral pueda conseguir escaños o representantes en las diversas cámaras legislativas. En España el umbral está situado en el 3% para las elecciones al Congreso y en el 5% para las elecciones municipales. En las elecciones autonómicas el umbral varía según el territorio, así en Cataluña se necesita un 3% mientras que en la Comunidad Valenciana es necesario un 5% de los votos emitidos. El principal objetivo del umbral electoral es evitar la fragmentación parlamentaria reforzando y premiando especialmente a los dos partidos mayoritarios

Rediseño inteligente y actualizado del tamaño de las distintas circunscripciones electorales con el objetivo de obtener resultados más proporcionales y aumentar el pluralismo representativo en las distintas cámaras legislativas. Diversos estudios han confirmado que en las elecciones de 2008 más del 86% de las circunscripciones no tuvieron tamaño suficiente para que la asignación de escaños pudiese considerarse proporcional. Esto significa que aproximadamente dos tercios de los diputados se reparten de manera muy poco o nada proporcional.

Sustitución del método D´Hondt por alguna de las alternativas existentes más compatibles con la proporcionalidad.

Evidentemente, estas reformas, a mi juicio, imprescindibles dada la actual coyuntura histórica en nuestra democracia en la que han resultado patentes los perversos efectos de la cooptación bipartidista en el tejido político, económico y social; chocan frontalmente con los intereses de las camarillas que controlan e instrumentalizan a todos los niveles los dos principales partidos a nivel estatal, PP y PSOE. Siendo realista, no cabe suponer, como la actualidad y las recientes medidas tomadas por el PP corroboran, que ninguna de las iniciativas anteriormente apuntadas o similares sean adoptadas mientras PP y PSOE copen los resortes del poder en las diversas Instituciones. Sin embargo, a día de hoy, todavía no es delito exponer públicamente este tipo de propuestas o leerlas por lo que nada perdemos con realizarlas y mucho podemos ganar todos reflexionando un minuto sobre ellas.

REDES CLIENTELARES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Me apetece poner hoy el foco en las redes clientelares uno de los cánceres que junto con el de la financiación opaca de los partidos, corrompe la calidad y legitimidad de nuestro sistema representativo, convirtiendo a los partidos políticos cuya función, entre otras, debiera ser articular la voluntad de la ciudadanía en la dirección de una determinada concepción del Interés General, en una suerte de zoco de intereses particulares o de camarillas, las más de las veces, poco confesables.

Las redes de patrón-cliente están formadas por individuos de diferente estatus social con el objetivo de obtener un provecho mutuo. Los lazos patrón-cliente involucran, en un enfoque simplificado, a dos personas, en relaciones relativamente cercanas, en las que los individuos de mayor estatus social o poder político (los patrones) utilizan sus recursos y poder para otorgar beneficios materiales, cargos relativamente bien remunerados o proporcionar cierto tipo de seguridad a los individuos de menor estatus social o influencia (los clientes). En compensación, los clientes ofrecen apoyo político, votos y servicios de distinta índole además de ciertos trabajos no remunerados  a su patrón.

El reclutamiento y la movilidad ascendente dentro de los partidos políticos suelen llevarse a cabo a través de estas redes jerárquicas de relaciones patrón-cliente, en la que los aspirantes a cargo o sinecura en los diversos niveles organizativos, desde la base hasta la clave de la pirámide jerárquica, rinden servicio como clientela de políticos o cargos con más poder y mejor establecidos, gracias a su vez a prestar y haber prestado apoyos, no siempre confesables, a otros más altos en la jerarquía de la organización partitocrática.

Los lazos patrón-cliente están construidos tanto por motivos instrumentales como, en algunos casos, por motivos emocionales. Cabe debatir la extensión en la que estos lazos están constituidos en base a cierta norma de reciprocidad en la que los clientes valoran el carácter personal y permanente de la relación y expresan profundos sentimientos de lealtad hacia el patrón o, más bien, basados en el miedo de los clientes a que los beneficios distribuidos por el patrón sean interrumpidos al dejar de bendecir al cliente con su apoyo. Podemos observar, por tanto, que las relaciones entre el patrón y el cliente son a la vez voluntarias y de explotación a causa del carácter asimétrico del nexo de unión y la distribución de información y poder entre ellos.

En contraste con las normas formales de ciudadanía en los regímenes políticos más modernos que subrayan el universalismo y la igualdad en el acceso a la información y los recursos públicos, los lazos entre el patrón y su clientela son altamente personales y particularistas; de hecho, estas relaciones clientelares tienen valor para ellos porque les permiten eludir las normas universalistas de las sociedades modernas permitiéndoles acceder a los recursos públicos de forma ventajosa y opaca.

Estas redes clientelares operan de forma más efectiva allí donde el patrón -sea éste un individuo, una organización o un partido político- puede comprobar que su cliente ha cumplido con su parte del quid pro quo, ya sea votando al candidato pre cocinado y designado por el líder, apoyando a la facción del patrón en las luchas internas de poder o trabajando de diversas formas para su campaña.

El voto secreto, si es realmente confidencial, puede socavar las relaciones clientelares, sin embargo, dado que los patrones suelen tener múltiples clientes – frecuentemente desconocidos unos para otros ya que las relaciones tienden a ser de carácter vertical y diádico- pueden tener modos de comprobar qué clientes en concreto han proporcionado el apoyo requerido.

Las existencia de redes clientelares implican que el apoyo del cliente puede ser comprado de uno u otro modo lo que sugiere que los clientes son relativamente más pobres (ya sea económica, intelectual o jerárquicamente) que sus patrones. Paralelamente, los patrones o los partidos políticos que como tales actúan deben tener acceso a recursos significativos y divisibles para poder distribuir selectivamente según su arbitrio.

Como cualquier conocedor medio de la realidad interna de los partidos políticos puede comprobar, los cargos de designación política que ejercen como patrones en su nivel de influencia, prefieren rodearse de clientelas fácilmente controlables y manipulables ya sea debido a unas capacidades intelectuales y morales reducidas en relación a su patrón o debido a su implicación en casos de corrupción, ilegalidades, fraudes o irregularidades (muchas veces relacionadas con la financiación del partido o encubiertas tras ella) cuya salida a la luz pudiese ocasionarles inconvenientes de diverso tipo y gravedad.

La alta discreccionalidad en la contratación, directa o indirecta a través de empresas ad hoc, de personal laboral o eventual por parte de las distintas administraciones públicas permite a los partidos utilizar estos  empleos públicos  como parte del botín a distribuir entre la clientela en función de los servicios prestados.

Los partidos políticos que se comportan de facto como poco más que un tejido de relaciones clientelares tienden a ser ideológicamente inconsistentes más allá de los clichés genéricos de argumentario, políticamente incoherentes, y dotados de cierto grado de debate interno únicamente cuando al estar en la oposición el botín a repartir entre las diversas clientelas deviene escaso y disputado. Otro mecanismo muy empleado por los partidos políticos que funcionan con un alto grado de clientelismo es la creación de diversos tipos de fundaciones controladas por ellos para producir, distribuir o prestar a través de estas redes ciertos bienes o servicios para poder instrumentalizarlos en lugar de optar por una provisión pública y transparente de estos bienes y servicios.

Os propongo el pasatiempo de encontrar ejemplos que ilustren el contenido de esta entrada en nuestros principales partidos políticos. Con PP, PSOE y CiU (evidentemente no en exclusiva), hay un material inabarcable y bochornoso tanto a nivel local como provincial, autonómico o estatal. Particularmente, en mi caso, no daría a basto para reseñar los ejemplos derivados del conocimiento de algunas de las realidades políticas en Calviá, Baleares, el Consell Insular de Mallorca y el resto del Estado.

¿Y vosotros?

Sobre la corrupción

La corrupción no respeta las reglas de justicia y la equidad  proporcionando privilegios y ventajas a ciertas personas y camarillas que los demás no tienen. Asimismo transfiere recursos desde el común de la ciudadanía hacia las élites que controlan los hilos de partidos políticos e instituciones y, generalmente, desde los más pobres hacia los ricos, actuando como un impuesto extraordinario sobre los ciudadanos que merma los recursos del Erario dejando menos dinero para gasto e inversiones públicas. Los gobiernos corruptos disponen de menos recursos para gastar en sus programas y proyectos presionando a la baja, entre otras cosas, los salarios de los empleados públicos exponiéndolos, en algunos casos, en mayor medida a la tentación de caer en prácticas corruptas de distinto grado. Muchos de los cargos de designación política y empleados del gobierno pueden dedicar más tiempo y esfuerzo en llenar sus bolsillos y/o los de sus partidos y camarillas que sirviendo a los intereses públicos y al Bien Común.

Las raíces de la corrupción se asientan, entre otras cosas, en la distribución desigual de los recursos en una sociedad. La desigualdad económica proporciona un terreno fértil para la corrupción al tiempo que la corrupción conduce a mayores desigualdades estableciendo incentivos y recompensas no para los individuos, empresas y organizaciones más competitivos, eficaces y eficientes sino para aquellos que están dispuestos a corromperse en mayor grado.

La relación entre la desigualdad y la calidad del gobierno no es, sin embargo, necesariamente simple. El camino desde la desigualdad hacia la corrupción puede ser indirecto, pero la conexión es clave para entender por qué algunas sociedades son más corruptas que otras. Cuando se confía en la gente, que puede ser incluso de ámbitos diferentes del nuestro, se suele estar más predispuesto a tratarla con honestidad y beneficiarse de la corrupción puede parecer indecoroso. Cuando se desconfía de los extraños, especialmente si pensamos que están tratando de engañarnos, nuestros remordimientos y prevenciones morales contra los comportamientos corruptos son menos convincentes. La inmersión en un ambiente de corrupción y desigualdad puede causar estragos en nuestro sentido de la moral y la ética. Della Porta y Vannucci afirman que la corrupción generalizada hace que la gente esté  menos dispuesta a condenarla como inmoral. Como la corrupción se generaliza, se convierte en profundamente arraigada en la sociedad. La gente empieza a creer que la deshonesta es la única manera de conseguir que las cosas funcionen.

El argumento que conduce desde la desigualdad hacia la corrupción pasando por la desconfianza, retroalimentándose a sí mismo en lo que podemos llamar la “trampa de la desigualdad”, contrasta con el enfoque más común para explicar la corrupción como derivada de instituciones deficientes. Las raíces de la corrupción son no solo institucionales sino, en gran medida, arraigadas en la desigualdad económica y un ambiente y cultura de desconfianza generalizada que a su vez se deriva de una distribución desigual de la riqueza.

La trampa de la desigualdad es muy difícil de romper, planteándose un modelo donde la desigualdad, la desconfianza y la corrupción se refuerzan mutuamente:

desigualdad -> baja confianza -> corrupción -> más desigualdad

Las recetas más tradicionales de la lucha contra la corrupción sugieren que la cura contra el mal es encarcelar a los políticos corruptos, pero si solamente nos limitamos a eso (y por supuesto que debemos hacerlo con mayor severidad) serán reemplazados para cumplir su función por otros corruptos líderes políticos y partidistas en breve lapso de tiempo.

La corrupción no es fácil de erradicar si se basa principalmente en la distribución de los recursos (la desigualdad económica) y la cultura de desconfianza arraigada en la sociedad. Los cambios institucionales no suelen ser fáciles, pero su dificultad es poca en comparación con la remodelación de la cultura de una sociedad o de su distribución de la riqueza y el poder. La corrupción, la desigualdad y la confianza son muy “viscosos”: no cambian mucho con el tiempo.

 

El vínculo entre la desigualdad y la corrupción parece irrefutable. La corrupción es explotación. No toda la corrupción está vinculada a la desigualdad. La “gran” corrupción se refiere a hechos delictivos de gran magnitud perpetrados por los políticos, sus camarillas y sus redes clientelares que se aprovechan de sus posiciones para enriquecerse o incrementar su poder e influencia con fines ajenos al Interés General o una interpretación ética del mismo. La gran corrupción suele estar relacionada con ampliar las ventajas de los ya bien dotados de riqueza y poder. “La pequeña corrupción”, los pequeños sobornos a  médicos, policías y hasta profesores universitarios, muy común en los países ex comunistas de Europa Central y Oriental así como en muchos países pobres es diferente en especie, si no en el espíritu. La corrupción a pequeña escala no enriquece a quienes la practican. Puede depender de una distribución desigual de la riqueza aunque no debería haber necesidad de hacer los pagos “regalo” en una economía de mercado que funcione adecuadamente.

La desigualdad promueve la corrupción de diversas formas. Es perjudicial para la seguridad de los derechos de propiedad y libre competencia legítima, y por lo tanto, para el crecimiento económico, ya que permite a los ricos  y poderosos subvertir las instituciones políticas, reglamentarias y legales de la sociedad para su propio beneficio. Si un determinado individuo es lo suficientemente más rico que otro, y los tribunales son corruptibles o el sistema legal es tan lento y gravoso para los litigantes que los menos ricos no pueden permitirse recurrir a él , entonces el sistema legal favorecerá a los ricos, no a los justos ni a la Justicia. De forma similar, si las instituciones políticas y reguladoras pueden ser controladas por la riqueza o la influencia estas favorecerán a los ya ricos y poderosos no a la eficiencia. Esto a su vez conduce e incentiva a los inicialmente bien situados a emprender  actos socialmente perjudiciales, a sabiendas de que los sistemas jurídicos, políticos y reguladores no los harán responsables.

You y Kaghram afirman: “Los ricos, como los grupos de interés, empresas o individuos pueden emplear el soborno o las conexiones para influir en los procesos de implementación de la ley (la corrupción burocrática) y para comprar la interpretación favorable de la ley (la corrupción judicial).

 

La desigualdad alimenta la corrupción principalmente porque:

1- La mayoría de ciudadanos de a pie para ven el sistema como en contra de ellos,

2-  Provoca un sentido de dependencia de los ciudadanos comunes y un sentido de pesimismo para el futuro, que a su vez socava los dictados morales para tratar su conciudadanos con honestidad, y

3- Distorsiona las instituciones clave de la equidad, la justicia y el imperio de la Ley en la sociedad, los tribunales, donde los ciudadanos ven como sus protectores contra la injusticia, acaban favoreciendo los intereses de los más poderosos.

 

La desigualdad económica crea  líderes políticos que hacen del clientelismo una virtud más que un vicio, ya que proporcionan puestos de trabajo para las camarillas y ciudadanos comunes que sirven a sus intereses. Estos líderes ayudan a algunos de sus electores, pero de manera más crítica y significativa se ayudan a sí mismos. La desigualdad alimenta la corrupción  y la dependencia de los pobres respecto de los líderes políticos que pueden patrocinarlos. La desigualdad lleva al clientelismo – Los líderes se establecen a sí mismos como proveedores monopolísticos de los beneficios para los ciudadanos. Estos líderes no son, de facto, responsables ni fiscalizables ante sus electores como teoría de la democracia nos han hecho creer.

Son muchas, variadas y no siempre evidentes las trampas que se pueden tender a un sistema democrático con elecciones periódicas, de modo que el vínculo entre el gobierno democrático y honesto no puede ser tan fuerte como lo que inicialmente era de esperar. Por ejemplo, el jefe del partido político en el poder está muy arraigado en su posición y en su zona. Los Potenciales opositores no tienen los recursos para montar un verdadero desafío   y, aunque lo intentasen, el jefe del gobierno puede contar con el apoyo de las legiones cuyos puestos de trabajo controla a través de su máquina de patrocinio.

Una riqueza desigual lleva a la gente a sentirse menos limitada por los demás a la hora de hacer trampas y evadir impuestos. Donde la corrupción está muy extendida, las personas se dan cuenta de que no son dueños de su propio destino perdiendo la fe de que su futuro pueda ser brillante. La gente se resigna a su suerte.

Si los ciudadanos sienten que han sido tratados injustamente por la policía o en los tribunales, son lógicamente menos propensos a tener fe en el sistema legal. El sistema de justicia es especialmente importante por dos razones. En primer lugar, un sistema judicial corrupto puede proteger a las élites deshonestas de las represalias. En segundo lugar, los tribunales, más que cualquier otro poder del Estado, se supone que son neutrales e imparciales. Cuando la gente tiene poca fe en la imparcialidad del sistema judicial, existen pocos incentivos para cumplir la ley.

 

La corrupción es el “capital social negativo”. Es vergonzosa y deshonesta, sin duda alguna, pero es más que eso. Explota a los desfavorecidos  por el poder y la riqueza para otorgar más riqueza y poder a las personas que ya tienen una gran cantidad de los mismos. No hay manera fácil de salir de esta trampa de la desigualdad. La lucha contra la corrupción significa abordar la desigualdad, y
las políticas que funcionan mejor para reducir la desigualdad y promover la confianza – políticas universales de bienestar social – también dependen de gobiernos honestos para repartir y redistribuir los bienes y de un pacto social para proporcionar beneficios como educación universal y cuidado de la salud para los ricos y los pobres por igual. Altos niveles de corrupción significan que estos servicios no pueden ser proporcionados y la desigualdad subyacente a la corrupción a gran escala no hará sino aumentar.