Categoría: Política

Redes de gobernanza

ImagePodemos definir una red de gobernanza como una articulación horizontal relativamente estable de actores interdependientes, aunque operativamente autónomos, que interactúan a través de negociaciones que tienen lugar dentro de un determinado marco regulativo, normativo, cognitivo e imaginario; con capacidad de autorregulación dentro de los límites impuestos por agentes externos y que contribuye a la creación o producción de una finalidad o propósito público. Las redes de gobernanza articulan a un determinado número de actores privados, semipúblicos y públicos que, por un lado, son dependientes los unos de los otros respecto a recursos y capacidades mientras que, por el otro, son operacionalmente autónomos en el sentido de que no estan dirigidos por un superior a la hora de pensar o actuar de una determinada manera.  Para convertirse  en parte de una determinada red de gobernanza, los actores políticos deben demostrar que  tienen interés en las cuestiones políticas abordadas y que pueden contribuir con recursos y/o capacidades de cierto valor para los otros actores. Las relaciones de interdependencia significan que los actores en red están relacionados de forma predominantemente horizontal antes que vertical. Sin embargo, la relación horizontal entre los actores, no implica que estos sean iguales en términos de autoridad y recursos. Puede haber asignaciones asimétricas de los recursos materiales e inmateriales entre los actores de la red, pero ya que la participación en ella es voluntaria y los actores son libres de salir en cualquier momento y dado que los actores son mutuamente dependientes unos de otros, nadie puede utilizar su poder para ejercer un control jerárquico sobre cualquier otra persona sin correr el riesgo de arruinar la Red.

Los miembros de las redes de gobernanza interactúan a través de negociaciones que combinan elementos de deliberación. Los actores de la red pueden negociar sobre la distribución de los recursos con el fin de maximizar los resultados. Pero con el fin de facilitar el desarrollo de la coordinación negativa y positiva, esta negociación debe estar integrada en un marco más amplio de deliberación que facilite el aprendizaje y la comprensión común. Sin embargo, la deliberación dentro de las redes de gobernanza rara vez dará lugar a consensos unánimes, ya que tiene lugar en un contexto de intensas luchas por el poder que tienden a reproducir el conflicto y el antagonismo social. Por eso, la acción conjunta a menudo se basa en una consenso preliminar en el que se aceptó una propuesta a pesar del desacuerdo persistente.

La interacción negociada entre los actores de la red no tiene lugar en un vacío institucional. Más bien, se procede en un marco relativamente institucionalizado, que siendo más que la suma de sus partes, no constituye un todo homogéneo y completamente integrado. El marco institucional es la amalgama de las ideas contingentemente articuladas, las concepciones y las normas. Por esa razón, tiene un aspecto regulativo ya que proporciona reglas, roles y procedimientos; un aspecto normativo, porque transmite normas, valores y estándares; un elemento cognitivo ya que genera códigos, conceptos y conocimientos especialitzades, y un aspecto imaginario ya que produce identidades, ideologías y esperanzas comunes.

Las redes de gobernanza poseen una relativamente alta capacidad de autorregulación ya que no son parte de una cadena jerárquica de mando y no se someten a las leyes del mercado. Por el contrario, apuntan a la regulación de un ámbito político determinado sobre la base de sus propias ideas, sus recursos y sus interacciones dinámicas, y lo hacen dentro de un marco regulador, normativo, cognitivo e imaginario que se ajusta a través de negociaciones entre los actores participantes. Sin embargo, las redes de gobernanza siempre operan en un entorno político e institucional particular que debe ser tenido en cuenta, ya que tanto facilita como limita su capacidad de autorregulación.

Estas redes, además, contribuyen a la producción de propósitos y materias relacionadas con el interés público dentro de un área determinada (Marsh 1998). El propósito o finalidad pública es una expresión de visiones, valores, planes, políticas y normas que son válidas para y dirigidas hacia el público en general. De este modo, los actores de la red están involucrados en las negociaciones políticas sobre la forma de identificar y resolver problemas de políticos emergentes o aprovechar nuevas oportunidades. Las redes que no contribuyen a la producción de fines públicos en este sentido amplio, no se pueden considerar redes de gobernanza.

Tal y como se describen anteriormente las redes de gobernanza pueden adoptar gran cantidad de formas expresiones empíricas diferentes en función del contexto político, institucional y discursivo en el que surgen. Puede ser que predominen y sean dirigidas a través de contactos laxos e informales, mientras que puede darse el caso contrario y ser fijos y formales. Pueden ser redes intraorganizativas o interorganizativas; pueden auto generarse desde la base o responder a iniciativas de la cúpula; abiertas o cerrados; de corta duración o permanentes ; y su alcance sectorial puede ser específico o abarcar toda la sociedad. Por último, algunas redes de gobernanza pueden ocuparse de las formulaciones políticas, mientras que otras se ocupan de la aplicación de las políticas. La multiplicidad de redes de gobernanza dan testimonio de la gran pertinencia del concepto para describir las formas contemporáneas de la gobernanza social.

Muchas de las formas actuales de gobernanza interactiva no cumplen con todos los criterios especificados en la descripción realizada de las redes de gobernanza. A pesar de ello, pueden pueden poseer muchos de sus rasgos definitorios y así formar parte de la gran familia de dichas redes. Dónde trazar de forma exacta la línea entre lo que constituye una red de gobernanza y lo que no es una cuestión de juicio discrecional en relación con un caso empírico en particular. No debemos olvidar que en la investigación de redes de gobernanza no es tan importante la clasificación como el objetivo de proporcionar una nueva perspectiva sobre cómo se gobierna la sociedad.

REFERENCIAS: Eva Sørensen & Jacob Torfing.  Theories of Democratic Network Governance. PALGRAVE MACMILLAN 2007

SOBRE LOS PARADIGMAS

fresiaLas buenas ideas, las ideas de cambio radical y enmienda de los viejos vicios son descartadas por los individuos que asumen que el futuro es simplemente una extensión del pasado y consideran que les va a causar muchos menos problemas hacer las cosas del mismo modo en que se han hecho siempre que introducir modificaciones en hábitos, comportamientos y protocolos que posibiliten la mejora y la adaptación al entorno. Las personas tienden a ser resistentes al cambio debido al efecto que el paradigma imperante ejerce sobre su mente y por lo tanto, sobre su comportamiento. Los paradigmas pueden ser definidos de manera simple como un conjunto de reglas (formalizadas o no) que establecen o definen cierto tipo de límites e indican cuáles deben ser las pautas de comportamiento dentro de esos límites para tener éxito. Los cambios de paradigma son, por lo tanto, cambios de reglas de juego e incluso del mismo juego.

Como los paradigmas proporcionan el marco y la lente a través de los que se enfoca y contemplan los hechos, aquello que puede ser obvio para una persona con un determinado paradigma puede permanecer imperceptible para otra con un paradigma diferente. Los individuos que en las organizaciones de diversa índole que promueven, consciente o inconscientemente, cambios en el paradigma comúnmente aceptado son habitualmente considerados como intrusos. Estos intrusos pueden ser tanto personas jóvenes que acaban de entrar a formar parte del grupo o la organización;  personas ya senior que cambian de ámbito o fruto de sus inquietudes desarrollan una visión más rica y compleja; los disidentes, y los neófitos.

Los paradigmas tienen como efecto que tendamos a no observar adecuadamente o no lo hagamos en absoluto aquellos datos y hechos que no se ajustan a los límites definidos por nuestro paradigma o, por el contrario, que veamos con muchísima más claridad y consistencia aquello que esperamos ver. En cualquier caso, parece evidente que resulta más adecuado desarrollar y practicar la flexibilidad de paradigma, siempre dentro del marco definido por los imperativos morales de corte kantiano, en tiempos de cambios rápidos y acelerados que aferrarse a las anquilosadas tradiciones que, en muchos casos y en buena medida, son las responsables de un estado actual de las cosas subóptimo o directamente indeseable.

Determinantes de la acción colectiva y los movimientos sociales. Panorámica general y movilización en España a partir del 15-M hasta principios de 2013

si-se-puede.jpgComparto en esta entrada uno de mis trabajos redactados en 2013 con fines académicos. Espero que os pueda ser de interés y utilidad.

Tras el comienzo de la crisis financiera y económica global, cuyas secuelas han sido especialmente graves en España al unirse los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria, causa y consecuencia del “milagroso” e inconsistente crecimiento económico español desde finales de la década de los 90 del pasado siglo hasta el desencadenamiento de la crisis en 2008, y con los antecedentes de los movimientos sociales que en Túnez e Islandia transformaron el marco institucional en ambos países entre 2009 y 2011, las diversas formas de movilización de la sociedad española en protesta por los diversos recortes en el estado del bienestar, los derechos sociales y contra una clase política considerada corrupta y deslegitimada, han cobrado una especial relevancia en la práctica totalidad de los medios de comunicación, en el debate político y en el latir cotidiano de la sociedad. Muy especialmente a partir de la fecha clave del 15 de mayo de 2011 en la que diversas manifestaciones convocadas principalmente a través de las redes sociales por el movimiento Democracia Real Ya recorrieron las principales ciudades de España para poner de manifiesto el hartazgo de una sociedad víctima de una crisis cuyos culpables, lejos de pagar por ella ante la justicia de los Estados, continúan ocupando en muchos casos puestos relevantes en los diversos entramados del poder político y financiero.

De este modo, el interés de los medios de comunicación y el público se ha unido a la tradicional relevancia académica que en el marco de la sociología y la ciencia política se le ha dado a los movimientos sociales como agentes de cambio y transformación en las sociedades siendo ése el motivo por el que considero especialmente oportuno en el actual contexto intentar responder a las preguntas:

¿Cómo se hace posible la acción colectiva y qué determina sus formas e intensidad?

¿Proporciona el contexto socio político en España las condiciones para la movilización social así como la emergencia y consolidación en el tiempo de nuevos movimientos sociales?

Para  dar  respuesta  a  estas  preguntas  se  examinará  desde  diversos  enfoques teóricos el fenómeno de la acción colectiva señalando después las causas, ideales, valores e instituciones que subyacen en las movilizaciones del 15 M y la oleada de protestas continuadas que, desde esa fecha emblemática hasta el presente, se vienen sucediendo en nuestro país. Sin dejar de ser conscientes que trazar las fronteras entre los distintos tipos de investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales en general y política en particular, no siempre resulta fácil, este trabajo de investigación eminentemente teórico tiene una intención primordialmente explicativa y evaluativa al trazarse como meta la descripción de los comportamientos de los grupos y los individuos implicados en las movilizaciones y valorarlos conforme a modelos descriptivos ya establecidos por otros autores. Dicho propósito de analizar la movilización ciudadana desde diversos enfoques tiene la intención de obtener una panorámica que nos permita una visión más rica y completa de un fenómeno de estudio interdisciplinar que la proporcionada desde el estudio a través de un solo marco analítico, teniendo en cuenta que, en el análisis de sistemas complejos como las sociedades, resulta prácticamente imposible encontrar un modelo único y autosuficiente capaz de proporcionar una explicación completa de los fenómenos.

Según Cross y Snow, la acción colectiva y su plasmación en movimientos sociales es una de las áreas de investigación en la que la politología y la sociología han mostrado mayor interés debido a que los movimientos sociales y sus acciones colectivas afines son rasgos recurrentes y visibles del paisaje social, en parte porque son fenomenológicamente destacados, al involucrar a un número relativamente grande de personas manifestándose juntos o en lugares públicos destinados a otras actividades, y en parte debido a que suelen asociarse con una o más de las cuestiones candentes y controvertidas del momento. De hecho, la abundancia de noticias y crónicas sobre protestas y manifestaciones sugiere que las actividades de los movimientos sociales y sus respectivos actos de protesta son, de hecho, características sobresalientes del paisaje social. Se considera que los movimientos sociales juegan un papel fundamental en resaltar las desigualdades distributivas y procedimentales y desafiando a las autoridades institucionales relevantes en cada caso para corregir estas desigualdades, suelen ser los portadores organizacionales de las preocupaciones relativas a diversos “problemas sociales”, con frecuencia funcionan como indicadores visibles o afloramientos de las nuevas preocupaciones sociales y culturales, y generalmente proporcionan una “voz” para sus seguidores uniéndolos en identidades colectivas relevantes. (Cross y Snow, 2012: 523). A través de diversos enfoques y técnicas, los sociólogos y los politólogos tratan de comprender y explicar la acción colectiva política y su cristalización en forma de surgimiento y desarrollo de movimientos sociales. Son muchos los que consideran que el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales ha de ser abordado de manera interdisciplinaria con aportaciones de la sociología, la politología, la psicología, la antropología, la economía y la historia aun siendo conscientes de lo inabarcable que puede llegar a ser el empeño. No debemos olvidar que, como cualquier fenómeno dentro de un sistema complejo, las variables implicadas en la acción colectiva son múltiples y no siempre evidentes, mensurables o discretas.

1 ¿Qué  se  entiende  por  acción  colectiva  y  cómo  se  transforma en movimiento social?

Funes y Monferrer definen la acción colectiva como “toda acción conjunta que persigue unos intereses comunes y que para conseguirlos desarrolla unas prácticas de movilización concretas” (Funes y Monferrer, 2003: 23). En la definición de McAdam, la acción colectiva hace referencia a cualquier acción emergente y mínimamente coordinada, entre dos o más personas motivada por el deseo de cambiar algún aspecto de la vida social o para resistir a los cambios propuestos por otros (McAdam, 2007: 575). El éxito de los movimientos sociales dependerá de la habilidad de los grupos desafiantes para crear “incentivos negativos” a la cooptación entre las élites a través de la disrupción en el orden público y la esperanza de que este amenace la consecución de los intereses de esas élites (McAdam, 2007: 579). Para Charles Tilly, las acciones colectivas políticas son las “realizadas por un conjunto de sujetos motivados por unos intereses comunes, que adoptan una forma de organización más o menos estructurada, y diseñan unas prácticas de movilización concretas, actuando en una estructura de oportunidad política que facilitará o dificultará la acción y condicionará sus posibilidades de influir en la articulación del poder.” (Funes y Adell, 2003: 23) De este modo, para Tilly, la acción colectiva política estará conformada por los intereses, la organización, la movilización y la estructura de oportunidad política. J. L. Wood define el comportamiento colectivo como “una actividad grupal no institucionalizada y no convencional, tales como el pánico, manías, manipulación de masas, tumultos organizados, disturbios y movimientos reformistas o revolucionarios. Una aproximación sociológica a la conducta colectiva se centra en las condiciones sociales, tales como las estructuras políticas y las creencias compartidas ya que estas condiciones influyen en los patrones de comportamiento colectivo” (Smelser, 2001: 2204). Siguiendo a Tarrow, Klandermans define los movimientos sociales como “desafíos colectivos por parte de individuos con propósitos comunes y vínculos de solidaridad en interacción continuada con las élites y autoridades”   (Klandermans, 2004:269), (Tarrow, 1997: 21). En esta definición  encontramos  tres  elementos  clave  que  son:  el  desafío  colectivo  a  los poseedores del poder; unos objetivos comunes y un sentimiento de solidaridad entre los participantes, y el mantenimiento en el tiempo de la acción colectiva, de hecho, para Klandermans, es precisamente la continuidad en la acción a lo largo del tiempo lo que diferencia a los movimientos sociales de otros tipos de acción colectiva hasta el punto de afirmar que “los incidentes aislados de acción colectiva no son movimientos sociales” (Klandermans,  2004:269).  En  general,  los  movimientos  sociales  nacen  porque  las personas se sienten agraviadas, porque tienen los recursos para movilizarse y/o porque los participantes perciben la oportunidad política (Klandermans, 2004: 270) Desde la perspectiva de Melucci, la acción colectiva es un conjunto de prácticas sociales que involucran simultáneamente a determinado número de individuos o grupos exhibiendo características morfológicas similares en contigüidad de tiempo y espacio, implicando un campo social de relaciones y la capacidad de los participantes de dotar de sentido a lo  que  están  haciendo  (Melucci,  1996:20).  Para  Ralph  Turner,  el  comportamiento colectivo  consiste  en  aquellas  formas  de  comportamiento  social  en  las  que  las convenciones usuales dejan de guiar la acción social y la gente trasciende, puentea o subvierte  las instituciones, modelos  y    estructuras    establecidos.    Desde   ciertas perspectivas,   los  movimientos  sociales  son   tratados  a  veces  como  formas   de comportamiento colectivo aunque, desde otros puntos de vista que hacen hincapié en el grado de organización necesaria para mantener la acción social, son contemplados como fenómenos de diferente tipo (Turner, 2000: 354). En cualquier caso, la principal forma de abordar el estudio de la acción colectiva tradicionalmente por parte de la Ciencia Política y la Sociología es a través del análisis de los movimientos sociales ya que estos son la   principal manifestación y expresión de dicha acción colectiva. Según Manuel Castells los movimientos sociales son diferentes de los movimientos de protesta. Son fundamentalmente movimientos culturales, movimientos que conectan las demandas actuales con los proyectos del mañana. Para que un movimiento sea influyente, los actores del estado tienen que considerarlo capaz de facilitar u obstaculizar sus propios objetivos, aumentando o consolidando nuevas coaliciones electorales, ganando apoyo público o aumentando el respaldo para las políticas de las instituciones gubernamentales (Castells, 2012: 219-224). McAdam señala que la protesta puede influir directamente en los políticos como señal de aviso de cambio de las preferencias políticas y también indirectamente conduciendo a la opinión pública en la dirección de los objetivos del movimiento. Los movimientos de ideología moderada que sean capaces de organizar grandes manifestaciones públicas tendrán, probablemente, un efecto demostrable en las políticas públicas (McAdam, 2007: 580).

2  – Análisis microsociológico: los individuos y sus intereses.

Desde el conocido como enfoque microsociológico se analiza la acción colectiva y su plasmación en movimientos sociales desde un punto de vista centrado en los actores individuales, sus intereses, predisposiciones y preferencias así como en los mecanismos que les conducen a la participación en acciones y movilizaciones de carácter colectivo. Bajo la denominación de “teorías subjetivas o del actor social” (Funes y Monferrer, 2003: 28) se encuadran los enfoques de la elección racional, las teorías  de  la  identidad,  el  interaccionismo  simbólico,  la  construcción  social  de  la protesta y el análisis de marcos.

Desde el punto de vista de la elección racional, la obra de Mancur Olson, La lógica de la Acción colectiva, (1968) ha sido la más influyente y en ella establece dos premisas básicas sobre la participación en movilizaciones, derivadas del pensamiento económico neoclásico: por un lado, la decisión de participación en movimientos sociales ha de ser explicada en referencia a las preferencias individuales y, por el otro, los individuos actúan racionalmente para maximizar sus intereses y minimizar sus costes. (Nash, 2010: 93). Además, en el punto de partida de su explicación encontramos la idea de que la acción colectiva está principalmente relacionada con la producción de bienes colectivos (Della Porta y Diani, 2006: 100). Olson describe lo que denomina el dilema del free rider (gorrón) que afronta cualquiera que se plantea participar en una determinada acción colectiva encaminada a la consecución de algún bien público. Olson se pregunta por qué alguien querría esforzarse y asumir los costes y riesgos, a veces elevados, de participar en un esfuerzo colectivo si de todos modos recibirá los beneficios del éxito de la acción haya o no participado. Desde este punto de vista, el activismo individual aparece como irracional máxime si se tiene en cuenta además la pequeña influencia real, en cuanto a recursos movilizados, que tiene la participación o no en la movilización de un determinado individuo. Olson, soluciona en parte el problema del free rider afirmando que podemos esperar que los individuos participen cuando reciban incentivos selectivos por hacerlo y existan sistemas eficaces para monitorizar la participación y sancionar a aquellos que no han tomado parte denegándoles algún tipo de beneficio. (McAdam, 2007: 577)

El interés por el enfoque de la identidad en relación a la acción colectiva surge como parte de la crítica a la concepción de Mancur Olson sobre la aparente contradicción planteada entre el interés individual y la participación en este tipo de acciones: “Según Pizzorno, un individuo no puede realizar un cálculo racional preciso de los costes de la participación, dado que le es imposible anticipar cuáles serán los beneficios que de ella obtendrá en un futuro…”“La incertidumbre de este cálculo individual se supera por la seguridad que aporta el reconocimiento colectivo derivado de la participación…” De este modo, “Para que una persona decida participar puede ser objetivo suficiente la posibilidad de formar (o reforzar) su propia identidad…” (Funes y Monferrer, 2003: 30). Según Della Porta y Diani, los mecanismos a través de los cuales la acción colectiva contribuye a construir la identidad, que emerge a través del proceso social que combina auto identificación y reconocimiento externo (Della Porta y Diani, 2006: 105), son: la definición de límites entre los distintos actores implicados en un conflicto, de modo que se define un “nosotros” y un “otros” en base a ciertos valores o intereses; el surgimiento de nuevas redes de relaciones de confianza entre los actores del movimiento que operan en entornos sociales complejos y sirven de base para el desarrollo de redes de comunicación informales, interacción y soporte mutuo  que facilita afrontar los riesgos que la acción pueda conllevar; además, la identidad colectiva conecta y asigna un significado común a las experiencias de acción colectiva a través del tiempo y el espacio como, por ejemplo, enlazando eventos asociados a una determinada causa para mostrar la continuidad del esfuerzo en las acciones, sensación de continuidad que es especialmente importante en las fases latentes de los movimientos. (Della Porta y Diani, 2006: 93-95).

Interaccionismo simbólico, construcción social de la protesta y análisis de marcos son enfoques teóricos que algunos autores denominan como “sociología creativa” que proponen una revalorización de la importancia del sujeto y la intersubjetividad y cuyos supuestos básicos son: los seres humanos no están meramente determinados por las fuerzas sociales; los individuos dan forma y crean constantemente sus propios mundos sociales en interacción con otros; y de esta constante definición y creación provienen los motivos colectivamente construidos por los que los individuos orientan su acción (Funes y Monferrer, 2003: 31). Ello está en consonancia con las tres premisas teóricas que, desde el interaccionismo simbólico, Herbert Mead estableció a principios del siglo pasado las tres premisas que fundamentan la actuación de los seres humanos: estos actúan en base a los significados que las cosas tienen para ellos; esos significados surgen de la interacción entre las personas, y los significados son moldeados y modificados a través del proceso interpretativo empleado para relacionarse e interactuar con su entorno (Hall, 2007: 4918). Cinco son los conceptos fundamentales a tener en cuenta según el interaccionismo simbólico: Proceso, la sociedad y el individuo no permanecen nunca estables y en equilibrio sino que están en constante cambio e interacción. Emergencia, establece que combinaciones únicas crean manifestaciones cualitativamente diferentes, un agregado de individuos en forma de grupo es algo cualitativamente diferente a la suma de sus componentes. Agencia, las personas tienen capacidad para ejercer algún control sobre sí mismos, sobre otros y sobre el entorno, pueden construir mundos sociales y transformar la realidad que les rodea. Condicionalidad construida, la realidad (condiciones) no determina necesariamente la acción social aunque no pueda ser ignorada, las condiciones existentes modelan pero no determinan el comportamiento. Dialéctica, los interaccionistas la contemplan a partir de aspectos relacionales y procesuales, el “self” es descrito como compuesto de un aspecto social (me) y otro personal (I) que están en continua conversación, diálogo e interacción el uno con el otro (Hall, 2007: 4918-4920).

Los interaccionistas simbólicos, contemplan la sociedad como interacción y la interacción solamente es posible a través de la comunicación que es eminentemente simbólica en los seres humanos. La sociedad solamente existe como creada y re-creada por la interactuación entre las personas, al tiempo que esta crea como seres sociales a los individuos. A través de este proceso simbólico se construyen categorías sociales mediante la definición y categorización de las diversas situaciones lo que puede producir comportamientos que validen esas definiciones, de este modo, cuando esos comportamientos se hacen rutinarios y organizados pueden servir para reproducir la estructura social existente. (Strykes, 2000:3095-3097). Para el interaccionismo simbólico, según Alberto Melucci, “hay una lógica de la acción colectiva que implica ciertas estructuras relacionales, la presencia de mecanismos de decisión, la fijación de metas, la circulación de la información, el cálculo de los resultados, la acumulación de experiencia, y el aprendizaje del pasado.” (Melucci, 1996: 17). Manuel Castells, afirma que las relaciones de poder constituyen el fundamento de la sociedad debido a que los que lo ostentan constituyen las instituciones sociales según sus valores e intereses, siendo el poder ejercido principalmente mediante la coacción (a través del empleo de la violencia, legítima o no, del estado) y la construcción de significados en las mentes a través de mecanismos de manipulación simbólica, siendo este último procedimiento una fuente de poder más estable y decisiva ya que la forma en la que pensamos determina el destino de las instituciones, normas y valores que estructuran las sociedades. Por eso, la lucha de poder fundamental es la batalla por la construcción de significados en las mentes. (Castells, 2012: 22-23).

“La etiqueta de ‘construcción social’ se ha convertido en un paraguas teórico bajo el cual se cobijan una pluralidad de enfoques que coinciden en destacar la naturaleza social de los procesos de significación, interpretación y construcción de significados, puesto que tienen lugar en la interacción entre los individuos. Esta es la razón por la cual su aplicación al análisis de los movimientos sociales se conceptualiza como construcción social de la protesta” (Funes y Monferrer, 2003: 32). Las teorías sobre la “construcción social” cobran especial relevancia a partir de la obra de la obra de Berger y Luckmann La construcción social de la realidad, en la que los autores afirman que “el análisis del rol del conocimiento en la dialéctica entre el individuo y la sociedad, entre identidad personal y estructura social, proporciona una perspectiva complementaria crucial de todas las áreas de la sociología” (Berger y Luckmann, 1967: 208) Para Klandermans la construcción social de la protesta ocurre a diferentes niveles y en distintas etapas. Por un lado, los individuos nacen dentro de entornos sociales con creencias colectivas que describen e interpretan el mundo; las personas son socializadas en grupos y organizaciones que comparten un conjunto de creencias y asimilan determinadas categorías con identidades colectivas específicas. Al tiempo, esas creencias e identidades son formadas y transformadas a través del discurso público. Por otro lado, las organizaciones del movimiento, sus oponentes y las organizaciones contrarias al movimiento, tratan de persuadir a los individuos para que contemplen el mundo como lo hacen ellos y, dependiendo de si estos puntos de vista pueden ser anclados en creencias o identidades ya existentes, los intentos de persuasión tendrán más o menos éxito. Debido a que estas creencias son compartidas con los grupos y las categorías individuales identifican con ellos, la crítica cuestión del anclaje es resuelta en la interacción interpersonal dentro de estos grupos o categorías. Una vez que los individuos se encuentran envueltos en un episodio de acción colectiva su visión del mundo puede cambiar dramáticamente. En base a creencias que ya eran compartidas, se desarrollan nuevas identidades colectivas como participantes en la misma acción colectiva. La construcción social de la protesta tiene lugar en y entre los grupos y categorías sociales y dentro de las redes que estos conforman.(Klandermans, 1992: 93- 94).

Para Funes y Monferrer, la actividad de creación de significados se define como framing, que se entiende como una actividad de enmarcamiento o creación de marcos de la acción colectiva. De este modo, “los movimientos destacan algunos aspectos de la realidad sobre otros, les asignan significado y definen como problemáticas determinadas situaciones sociales con la finalidad de movilizar a sus militantes y simpatizantes, ganar el apoyo del público y desmovilizar a sus antagonistas.” (Funes y Monferrer, 2003: 33) Según Snow y Benford, el marco es un esquema interpretativo que simplifica y condensa el “mundo exterior” a través de la puntualización y codificación selectiva de objetos, situaciones, eventos, experiencias y secuencias de acciones en relación a entornos y circunstancias pasados y presentes (Snow y Benford, 1992: 137). Para Goffman, los marcos denotan esquemas de interpretación que permiten a los individuos localizar, percibir, identificar y etiquetar sucesos relacionados con sus experiencias y espacios vitales así como con el mundo que les rodea. (Gofmann, 1974: 21-22). Según Snow, en el contexto de los movimientos sociales, el framing, hace referencia a la construcción de significados por parte de los individuos involucrados en el movimiento y otros actores relevantes para sus intereses y para los retos que afrontan en la pugna por la consecución de sus objetivos, siendo los marcos de acción colectiva los resultantes de la actividad de framing en la arena de los movimientos sociales. Estos son conjuntos relativamente coherentes de creencias y significados orientados a la acción que legitiman al tiempo que inspiran a las campañas y actividades de los movimientos sociales.Los marcos de acción colectiva centran su atención en especificar qué está “dentro” y qué está “fuera” del marco además de articular y elaborar los elementos dentro del marco cuyo significado o conjunto de significados ha de ser transmitido, resultando como consecuencia frecuente, la transformación de los significados asociados  con  los  objetos  de  atención.  Los  marcos  maestro  son  aquellos  que  en ocasiones surgen en las etapas tempranas de los ciclos de protesta y asumen la función de algoritmos maestros en el sentido que conforman y limitan las actividades y orientaciones de otros movimientos dentro del ciclo. Las tareas fundamentales del encuadre son elaborar un marco de diagnóstico, un marco de pronóstico y un marco motivacional. El marco de diagnóstico es el que suele definir o redefinir un evento o situación como “injusto” aunque no todos los marcos de acción colectiva hayan de incorporar un componente de injusticia. El marco de pronóstico implica la articulación de una propuesta de solución al problema diagnosticado incluyendo un plan de acción y refutación de los oponentes. Tanto el marco de diagnóstico como el de pronóstico pueden generar debates considerables dentro de los movimientos convirtiéndose en marcos de disputa. El marco motivacional afronta el problema del “free rider” articulando una “llamada a las armas” o razones para estimular la participación en las actividades del movimiento. Los marcos de procesos de alineación, engloban los esfuerzos estratégicos de los actores y organizaciones implicados en el movimiento para enlazar sus intereses y objetivos con los de aquellos simpatizantes potenciales y proveedores de recursos que puedan contribuir de algún modo en las campañas y actividades del movimiento. Se han identificado cuatro procesos básicos de alineamiento: el “puenteo de marcos” que implica el enlace entre dos o más marcos congruentes en relación a un determinado asunto aunque estructuralmente desconectados; la “amplificación de marcos” que supone el embellecimiento, cristalización y fortalecimiento de los valores y las creencias existentes; la “extensión de marcos” que representa la proyección de los intereses y encuadres del movimiento más allá de su circunscripción inicial para incluir temas que se consideran de interés para los grupos espectadores o simpatizantes potenciales, y la “transformación de marcos” que implica el cambio de los acuerdos y perspectivas anteriores sobre individuos o colectivos. El marco de resonancia se establece para facilitar la movilización siendo dos los principales factores a tener en cuenta: la credibilidad, afectada por la consistencia entre reivindicaciones y acciones, y la relevancia del encuadre para los destinatarios de la movilización, determinada por la centralidad de las creencias y reivindicaciones para sus vidas. La generación y modificación de los marcos de acción colectiva ocurre principalmente a través del proceso discursivo en la elaboración y articulación de marcos. La articulación de marcos implica la conexión y coordinación discursiva de acontecimientos, experiencias y trazos de uno o más corpus ideológicos que se agrupan de una forma relativamente integrada y significante. En la elaboración de marcos, también juega un papel relevante acentuar y subrayar algunos acontecimientos, temas, creencias o ideas más que otros para darles una mayor prominencia de acuerdo con los objetivos y cuestiones más relevantes para el movimiento.(Snow, 2007: 1781-1783).

 –  Las movilizaciones sociales en España desde el 15 de mayo de 2011 a través del marco teórico subjetivo o del actor.

Basándonos en el estudio de Calvo, Gómez-Pastrana y Mena podemos establecer el perfil del participante en las primeras movilizaciones vinculadas al 15-M como joven, con edad comprendida entre los 19 y 30 años, que en un 70% de los casos cursa o ha cursado estudios universitarios y con un perfil ideológico mayoritaria y sensiblemente de izquierda. Los participantes en el 15-M muestran una clara tendencia abstencionista y de los que se declaran votantes un 79% lo hicieron a favor de partidos minoritarios, en blanco o con nulidad provocada; son “nativos digitales” en su inmensa mayoría y conforman un movimiento social no basado en liderazgos carismáticos. (Calvo, Gómez-Pastrana y Mena, 2011: 4-11). Más tarde, al movimiento que iba siendo más conocido como el de “indignados” debido al título del panfleto de Stephane Hessel (2010), se les fueron “uniendo personas de todas las procedencias sociales y edades con una participación activa de los mayores que veían una amenaza directa en el deterioro de sus condiciones de vida” (Castells, 2012: 120). En la actualidad, la movilización social en España, aunque generalizada y multiforme en sus manifestaciones, parece tener como fenómenos más destacados la “marea verde” contra los recortes en educación y, tal como señala Luis Gómez en su artículo en El País, la “marea blanca” por la sanidad junto con las acciones de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) que, entre otras movilizaciones continuas, hizo prosperar la aceptación a tramitación por el parlamento de una Iniciativa Legislativa Popular al respecto (Gómez, 2013), siendo en este punto donde cabe recordar que “un importante contingente del 15- M procedía de los jóvenes de la campa a “V de Vivienda”, en los meses anteriores al movimiento” (Castells, 2012: 127). En el momento de escribir estas líneas, podemos afirmar que la PAH ha conseguido mantener en lugar destacado sus reivindicaciones en los principales medios de comunicación gracias a su acción continuada en apoyo de las personas que van a ser desahuciadas y a los “escraches” a políticos a lo largo de todo el Estado. Posiblemente, su mayor reto ahora sea evitar cualquier incidente violento que provoque una campaña mediática de desacreditación ante la opinión pública.

Según Pastor, el grupo motor de las movilizaciones a partir del 15-M es fundamentalmente “la juventud universitaria que cuenta con un capital cultural alto y sin embargo afronta la amenaza de un futuro de precarización prolongada. Más concretamente, la capa entre 23 y 30 años” (Pastor, 2012: 368). Resulta posible aplicar la definición de “privación relativa progresiva” al estado de ánimo de la juventud española igual que puede ser un rasgo característico de la juventud en otras partes del mundo” (Pastor, 2012: 368). Asimismo también se constata que pronto se pudo verificar “la implicación creciente de hombres y mujeres de edad mediana e incluso jubilados, dando así al movimiento una composición intergeneracional y una dimensión ciudadana superiores a los conocidos hasta ahora” (Pastor, 2012: 369).

Desde el enfoque del interaccionismo simbólico y basándonos en las tres premisas que fundamentan la actuación establecidas por Mead mencionadas en el anterior apartado, podemos afirmar que el movimiento 15-M ha conseguido dotar a través del pluralismo de sus discursos de nuevos significados a la realidad mediante la interacción entre las personas, posibilitada y ampliada por las redes sociales en Internet, que, al tiempo, son moldeados y reinterpretados a través del proceso comunicativo y relacional. Desde el punto de vista de las teorías de la identidad, a través del 15-M se ha destilado la creación de la figura del “indignado” cuyos rasgos ideológicos, podríamos dar por coincidentes con los del movimiento señalados por Pastor: no violencia; adanismo; apartidismo; rechazo en general a la clase política al uso, especialmente a los dos grandes partidos; democracia participativa; cambio de modelos sociales, económicos y políticos en el sentido de una mayor democratización, participación y horizontalidad en la política, la vida pública y las instituciones (Pastor, 2012: 356-381).

La protesta se construye a través de las redes sociales, las asambleas en las plazas, las reuniones en distintos lugares y los espacios y ágoras virtuales. Allí se describe y se interpreta la realidad social española, los individuos se socializan en distintos grupos de personas con similares puntos de vista e inquietudes y se asimilan determinadas categorías, junto con un tipo de identidad colectiva, que se forman y transforman a través del discurso continuo y abierto. Al destacar ciertos aspectos de la realidad sobre otros, asignarles significado y definir como problemáticas determinadas situaciones sociales para movilizar a sus militantes y simpatizantes y ganar el apoyo del público, se crean marcos interpretativos que permiten la condensación y etiquetado de la realidad y la creación de marcos de acción colectiva.

Según afirma Carlos Delclós en la entrevista realizada por Guillem Martínez para el diario El País, el mayor logro del 15M ha sido el cambio en el sentido común. “Todas las encuestas recientes, del CIS, de Metroscopia, de la Fundación BBVA, remiten a pensar que hay una masa crítica, ¡de casi tres cuartos!, que coincide con el diagnóstico que hace el 15-M de la crisis. El 15-M ha sido capaz de cambiar el sentido común, la lectura de la realidad”. Por lo que augura al movimiento un futuro dilatado: “El 15-M continúa y traslada al ámbito local la lucha global contra el neoliberalismo y su tensión principal, la capacidad que tiene el capital global de sabotear el poder de decisión de las personas”. (Martínez, 2013)

3  –Análisis mesosociológico o colectivo: organización y movilización.

El nivel de análisis mesosociológico permite un estudio desde un punto de vista grupal y colectivo centrando fundamentalmente el enfoque en las organizaciones y estructuras de movilización a través, principalmente, de la teoría de movilización de recursos y el análisis de redes cuyas capacidades explicativas permiten además abordar las explicaciones de la acción colectiva también desde el nivel macrosociológico. (Funes y Monferrer, 2003: 35).

Según Kate Nash, la teoría de movilización de recursos está basada en buena medida en el punto de vista liberal que considera a los fenómenos sociales como resultados de decisiones y acciones individuales, estando explícitamente desarrollada desde las premisas de la teoría de la elección racional. Para los teóricos de la movilización de recursos la acción social no es causada por condiciones estructurales. Lo que necesita ser explicado es por qué los individuos se involucran deliberadamente en acciones colectivas como resultado de las consideraciones racionales de sus propios intereses. No solamente es su individualismo metodológico lo que hace a la teoría de movilización de recursos una perspectiva liberal, también el papel jugado por el estado en la arena política es apropiado a ése punto de vista. Aunque los movimientos sociales puedan tener inicialmente una relación problemática con el gobierno en la medida que sus miembros no se consideran como apropiadamente representados por las instituciones y partidos políticos en el poder, el éxito para un movimiento social requiere conseguir el acceso rutinario al proceso político. (Nash, 2010: 91- 93).

Para Edwards y McCarthy, los tipos de recursos de los que pueden disponer los movimientos sociales son: morales, culturales, sociales y organizacionales, humanos y materiales. Los recursos morales incluyen legitimidad, apoyo solidario, apoyo por simpatía y fama. Cabe resaltar la especial importancia de la legitimidad como enlace entre los contextos macro culturales y los procesos organizacionales a nivel meso y micro. Esta legitimidad, así como los recursos morales en general, pueden proceder del apoyo de individuos u organizaciones de especial relevancia aunque como contrapartida, dicha legitimación puede ser retirada en el caso de que así lo decidan estos últimos por cualquier circunstancia. Los recursos culturales incluyen el conocimiento tácito sobre cómo cumplir determinadas tareas tales como la promulgación de un acto de protesta, la celebración de una conferencia de prensa, la organización de un mitin o un festival, la formación de una organización, o navegar por la web. Esta categoría incluye los repertorios tácticos, rasgos orgánicos y el saber hacer técnico o estratégico necesario para movilizar, organizar eventos o acceder a otros recursos adicionales. Existen tres formas generales de recursos sociales y organizacionales: infraestructuras, redes sociales y organizaciones. Las infraestructuras son las encargadas de facilitar el correcto  funcionamiento cotidiano y no son propietarias de recursos sociales. Sin embargo, el acceso a las redes sociales y especialmente a los grupos y organizaciones formales pueden ser limitados por los miembros a los externos a la organización. Los recursos humanos incluyen trabajo, experiencia, habilidades, pericia y liderazgo, siendo característicos de los individuos antes que de las estructuras organizacionales. La categoría de recursos materiales combina lo que los economistas llamarían capital físico y financiero incluyendo recursos monetarios, propiedades, espacios de oficina, equipamiento y suministros. Son de suma importancia para los movimientos puesto que la mayor parte de los analistas consideran que el dinero puede convertirse con relativa facilidad en otros tipos de recursos mientras que es mucho menos frecuente el caso contrario. Los principales mecanismos para acceder a los recursos por parte de los movimientos son cuatro: Producción propia a través de la agencia de las organizaciones existentes, activistas y participantes. La agregación de recursos hace referencia a las formas en las que un movimiento u organización convierte recursos poseídos entre individuos dispersos en recursos colectivos que pueden ser empleados por los actores del movimiento. Los movimientos sociales agregan recursos privados de sus benefactores y miembros con el objeto de alcanzar objetivos colectivos. Cooptación/ apropiación, los movimientos sociales suelen utilizar sus relaciones con organizaciones y grupos ya existentes para acceder a recursos previamente producidos o agregados por esas otras organizaciones. La cooptación de recursos normalmente implica el sobreentendido tácito de que estos serán empleados en modos mutuamente aceptables. El patrocinio conlleva la provisión de recursos a una organización de un determinado movimiento social por parte de un individuo u organización frecuentemente especializados en las actividades de patrocinio. Estas organizaciones suelen pretender ejercer control sobre cómo se emplean los recursos por ellos proporcionados e influir en las decisiones del movimiento en el día a día. (Edwards y McCarthy, 2004: 131-135)

Desde el punto de vista de J. Craig Jenkins, para el análisis de los movimientos sociales desde la óptica de la teoría de movilización de recursos cobran especial relevancia las siguientes cuestiones y supuestos: (A) Las acciones de los movimientos son racionales y estos responden adaptativamente a la los costes y recompensas de las diferentes líneas de acción. (B) Los objetivos básicos de los movimientos están definidos por conflictos de intereses construidos como relaciones de poder institucionalizadas. (C) Los agravios generados por esos conflictos son lo suficientemente ubicuos de manera que la formación y movilización de los movimientos dependen de los cambios en los recursos, en la organización del grupo y en las oportunidades para la acción colectiva. (D) La organización formalmente estructurada y centralizada de los movimientos es más típica de los modernos movimientos sociales resultando más efectiva en la movilización de recursos y a la hora de afrontar los crecientes desafíos que las estructuras informales y descentralizadas. (E) El éxito de los movimientos está muy influenciado por factores estratégicos y por los procesos políticos en los que están inmersos. (Jenkins, 1983: 528).

Los teóricos de la movilización de recursos hacen especial hincapié en que los agravios tienen una importancia secundaria a la hora de explicar las movilizaciones ya que estos son relativamente constantes y ubicuos al tiempo que derivados de conflictos de intereses más o menos institucionalizados. Los factores con mayor fuerza explicativa son los cambios a largo plazo en los recursos disponibles para el grupo, su organización y las oportunidades para la acción colectiva. (Jenkins, 1983: 530).

En el contexto del análisis de redes sociales, Funes y Monferrer denominan “red social al conjunto de actores conectados entre sí que configuran un espacio geográfico   o   social   relativamente   cerrado   y   cuya   principal   virtualidad   es   su potencialidad comunicativa” (Funes y Monferrer, 2003: 36). Para Mario Diani, las redes sociales consisten en una serie de nodos enlazados mediante algún tipo de relaciones y delimitados por algún criterio específico (Diani, 2007: 4463). En los movimientos sociales las redes incluyen tanto a activistas individuales como a organizaciones, vinculados entre ellos a través de lazos que no solamente implican el intercambio de recursos o información sino también identidades compartidas arraigadas en puntos de vista de la realidad más profundos. Los participantes en movimientos sociales suelen estar bien integrados en densas redes consistentes tanto en vínculos privados como en lazos originados en el contexto de experiencias previas de acción colectiva. Las redes de individuos pueden afectar no solo a la presencia o ausencia de participación sino también a la participación en tipos específicos de actividad, su continuación en el tiempo y la cantidad de riesgo que están dispuestos a asumir. Las redes pueden facilitar el desarrollo de habilidades cognitivas y competencias, proporcionan el contexto para la socialización de los individuos en un conjunto específico de valores y pueden representar el lugar para el desarrollo de fuertes contenidos emocionales. (Diani, 2011:566). Para Della Porta y Diani, los individuos frecuentemente se ven envueltos en la acción colectiva a través de su conexión particular con personas ya involucradas. Estas conexiones les ayudan a superar los innumerables obstáculos y dilemas que suelen afrontarse al plantearse la implicación activa en una determinada causa. Además, el número y tipo de redes individuales afecta a las perspectivas de permanencia activa por largo tiempo o, en su lugar, reducir el compromiso o finalizarlo completamente después de un breve periodo. Los individuos no solamente participan activamente en un movimiento a través de sus conexiones previas, también crean nuevos contactos por el simple hecho de verse envueltos en las diferentes modalidades de activismo y asociación. Desde este punto de vista, los activistas individuales, operan como puentes entre distintos ambientes organizacionales, enlazando, por ejemplo, organizaciones de movimientos sociales con actores políticos o instituciones ya establecidos, o con otras organizaciones movilizadas por distintas causas (Della Porta y Diani, 2006: 134). Funes y Monferrer establecen dos componentes básicos en el análisis de redes: los “puntos” (nodos, posiciones o actores para otros teóricos), que pueden ser tanto individuos como colectivos, y las “relaciones” (lazos o vínculos) que pueden fundamentarse en intereses comunes, tradición histórica o cultural, ideologías compartidas o proximidad física o afectiva. Distinguen entre redes formales, siendo estas las existentes entre colectivos, instituciones o grupos pautados procedimentalmente, y redes informales de carácter flexible y en buena medida espontáneo. Según su morfología, las redes pueden ser de baja densidad, con interacciones entre los puntos débiles o poco frecuentes, o de alta densidad en las que se producen interacciones frecuentes e intensas que son especialmente interesantes debido a su alta capacidad comunicativa que se fundamenta en: una gran homogeneidad entre los miembros; relaciones estables, fluidas y muy frecuentes entre estos y relaciones efímeras o inexistentes con otras redes u actores; una demarcación nítida y precisa entre “los de dentro” y “los de fuera” , y un alto grado de control interno. Cuanto mayor sea la densidad interactiva mayor capacidad poseerá la red para controlar las relaciones internas y para impedir las externas. Cabe destacar el hecho de que las posibilidades comunicativas de cada actor dependerán de la posición que ocupe en la red, siendo mayores cuanto más central sea su posición y menores en la periferia (Funes y Monferrer, 2003: 36-37).

 – Organización y movilización social en España desde el 15 de mayo de 2011

Desde el punto de vista organizativo, la movilización social en España, especialmente a partir del auge de las comunicaciones a través de Internet y sus diversas redes sociales, se auto organiza de forma progresivamente más horizontal en torno a asambleas y grupos a través de un sistema de “democracia directa basada en la igualdad en el derecho a la palabra de todas las personas y en la rotatividad de las “portavocías” y no en representantes” (Pastor, 2012: 362) Castells señala que el movimiento comenzó, extendiéndose por contagio, en las redes sociales de Internet, que se constituyeron en espacios de autonomía y herramientas de auto comunicación de masas en buena parte fuera del control de gobiernos y corporaciones que tradicionalmente han monopolizado los canales de comunicación como cimiento de su poder. El contrapoder, el intento consciente de cambiar las redes de poder, se activa a través de la reprogramación de redes en torno a intereses y valores alternativos o mediante la interrupción de las conexiones dominantes y la conexión de redes de resistencia y cambio social. Al mismo tiempo, la comunicación e interconexión entre personas con inquietudes similares, conforma un sentimiento de compañerismo que hace superar el miedo a los riesgos inherentes a una movilización desafiante al poder establecido (Castells, 2012: 20-27) Así, por ejemplo, el movimiento Democracia Real Ya (DRY) se basaba en una red descentralizada de nodos autónomos en distintas ciudades, modelo que fue reproducido por las distintas asambleas en diferentes ciudades. Esta horizontalidad, presente también en la experiencia de las redes en Internet, hace que el liderazgo no sea necesario ya que las funciones de coordinación pueden ejercerse en la propia red mediante la interacción entre nodos. La nueva subjetividad apareció en la red convirtiéndose esta en sujeto (Castells, 2012: 116-133). Aunque el impacto medible del movimiento de indignados en España pareció ser escaso, la transformación real se ha producido en las mentes de los ciudadanos. Cuando las personas piensan de otra forma, si les une la indignación y albergan la esperanza del cambio, la sociedad cambiará en última instancia de acuerdo con sus deseos. La nueva sociedad será el resultado del proceso de interactuación entre las redes, no de un plan preconcebido de cómo será el producto. Esta es la transformación realmente revolucionaría: la producción material de un cambio social no a partir de unos objetivos programáticos, sino de las experiencias en red de los actores del movimiento. (Castells, 2012: 144-147). El funcionamiento horizontal a través de redes on y offline permite a los movimientos no tener un centro identificable al tiempo que pueden seguir llevando a cabo acciones de coordinación y deliberación mediante la interacción de múltiples nodos, maximiza las oportunidades de participación en el movimiento al tiempo que reduce la vulnerabilidad del movimiento ante las amenazas de represión o la manipulación (Castells, 2012: 212).

En relación a la importancia de las nuevas tecnologías en el terreno de las movilizaciones sociales recogeré las palabras de Jiménez y Collado quienes pese a señalar inicialmente que “en un principio, Internet no parecía disolver el dilema clásico al que se enfrentan las organizaciones de los movimientos sociales, ser eficaces políticamente (lo que implica obtener apoyos más allá del núcleo de activistas y amplia proyección social) sin burocratizar sus estructuras en exceso (manteniendo principios democráticos de funcionamiento interno)” reconocen que gracias a Internet “la acumulación de experiencia, la extensión de nuevas culturas de contestación entre determinadas plataformas y espacios de movilización, pueden haber generado dinámicas de aprendizaje político en las que se consiga aunar una acción organizativa y política eficiente  y  profundizar  en  la  realización  de  sus  principios  de  democracia  interna”. Afirman que los resultados de su estudio “también sugieren que Internet puede estar en el mismo inicio de nuevas pautas de relación inter-organizativas. Internet está en el origen y en la propia naturaleza reticular del movimiento. En el terreno de la coordinación de las organizaciones, Internet ya aparece no sólo como un elemento facilitador adicional sino en la propia génesis de estas dinámicas y en la conformación de algunos de sus elementos, favoreciendo la creación de espacios de confluencia puramente virtuales, la socialización de recursos y, quizás lo más relevante para nuestro caso de estudio, propiciando la búsqueda de acuerdos mediante la deliberación.” Para acabar concluyendo que “la experiencia de funcionamiento organizativo vinculada al 15-M refuerza esta asociación entre Internet y la extensión de prácticas organizativas basadas en la deliberación democrática” (Jiménez y Collado, 2012: 776).

Haro y Sampedro, afirman que las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) “se han convertido en herramienta fundamental de contrapoder, ya que han permitido la creación de un modelo globalizado alternativo. Dicho modelo respondería a una propuesta “desde abajo” de nuevos movimientos sociales con vocación global, pero no excluyente de lo particular; es decir, que asimilan lo local como nodos operativos de una red universal.” y que “en España, el movimiento 15M se ha convertido en el último y máximo exponente de estas lógicas de movilización a través de la red.” Siendo “el último ciclo de eventos de un flujo de desobediencia civil que se materializa, casi cada cinco años, en las últimas dos décadas en este país. En parte es herencia de los movimientos sociales de base que ocuparon las calles por la insumisión, el 0,7%, la abolición de la deuda externa, el Nunca Máis y el No a la Guerra. Sus precedentes más inmediatos son la multitud on line, descentralizada, inestable e intermitente que salió a las calles españolas el 13 de marzo de 2004 como respuesta a la manipulación electoralista de los atentados del 11M; y el Movimiento por una Vivienda Digna.” (Haro y Sampedro, 2011: 159). El 15M también es un ejemplo de organización en red que se suma a los movimientos “glocales” por la justicia global y que ofrece un modelo diferente para la creación de una sociedad alternativa, más democrática y configurada globalmente en red. Las TIC han permitido al los movimientos sociales comunicarse, organizarse y coordinarse a gran escala y a nivel global (Haro y Sampedro, 2011: 169).

4 – Análisis macrosociológico o sistémico: estructura de oportunidad política.

En el nivel macrosociológico o sistémico se aborda el análisis de la estructura de oportunidad política y la estructura del contexto compuesto por los sistemas político, social, económico y cultural en relación a los movimientos sociales, en el que podemos diferenciar básicamente cuatro enfoques: teorías de la democracia; enfoque del capital social; teoría del proceso político y teoría de los nuevos movimientos sociales.

Peter Eisinger define la estructura de oportunidad política como el grado en el que los distintos grupos tienen probabilidades de obtener acceso al poder y de influir en el sistema político. Distingue entre sistemas cerrados y abiertos en base a la sensibilidad que los movimientos pueden esperar de las instituciones gubernamentales llegando a la conclusión de que la protesta es más probable en sistemas caracterizados por una mezcla de factores tanto de de apertura como de cierre del sistema institucional a las reivindicaciones de los grupos. (Eisinger, 1973: 11-28). Sidney Tarrow, por su parte, afirma que la propia construcción del estado crea una estructura de oportunidades para la acción colectiva de la que los movimientos sacan partido. Los estados fuertes con sociedades civiles débiles producen modelos de participación limitada jalonada con explosiones esporádicas de violencia social mientras que los estados débiles en sociedades civiles fuertes conducen a una acción abierta y a la acción colectiva convencional (Tarrow, 1997: 118). Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las élites y autoridades. Los principales cambios en la estructura de oportunidades surgen de la apertura de acceso al poder, de los cambios en los alineamientos gubernamentales, de la disponibilidad de aliados influyentes y de las divisiones dentro y entre las élites. (Tarrow, 1997: 49-50)

Kriesi et al. proponen un modelo para el contexto político de movilización con cuatro componentes: la estructura nacional de cleavages cuya configuración impone importantes restricciones en la movilización de los recien llegados a la escena de los movimientos políticos; las estructuras institucionales, las principales estrategias de los actores y la estructura de alianzas (Kriesi et al. 2002: xii-xiv).Según Della Porta y Diani, la acción del estado puede producir o modificar actores colectivos de dos maneras: fijando los límites territoriales de la acción política, y facilitando o bloqueando el desarrollo y crecimiento de ciertos grupos. Sin embargo, es cada vez más evidente que la capacidad del Estado para regular los comportamientos en determinado territorio ha sido claramente disminuida. El sistema internacional basado en el estado-nación parece estar mutando hacia un sistema político compuesto por autoridades multinivel que se solapan en un entramado de competencias de escasa diferenciación funcional y exigua legitimidad democrática  (Della Porta y Diani, 2006: 42-43).

El paradigma teórico de los nuevos movimientos sociales, desde la perspectiva de Kate Nash, hunde sus raíces en el marxismo al estar basado en la centralidad del conflicto en la sociedad al tiempo que da por sentada la naturaleza colectiva de los conflictos sociales. Especialmente a partir de la influencia de Alain Touraine, la actividad de dichos movimientos es contemplada como la expresión del conflicto entre “dominantes” y “dominados”, inherente a todas las sociedades y motor del cambio social. Los teóricos de los nuevos movimientos sociales enfatizan su carácter revolucionario: el objetivo de un verdadero movimiento social no es influir en el proceso político, como en la tradición teórica de la movilización de recursos, sino romper los límites del actual sistema y liderar la transformación de la sociedad (Nash, 2010: 106-107).

Según Steven Buechler, la teoría de los nuevos movimientos sociales emerge en la Europa de los 80 del siglo pasado para analizar los movimientos aparecidos desde 1960 en adelante. Se consideran “nuevos” frente al “viejo” movimiento obrero de clase de la teoría marxista. En contraste con esta, los nuevos movimientos se organizan en torno a cuestiones como raza, sexualidad, etnicidad, juventud, contraculturas, medioambientalismo, pacifismo, derechos humanos, etc. Estos teóricos se han interesado especialmente en los cambiantes contornos de las sociedades cada vez más grandes al tiempo que enfatizan en los aspectos culturales de la teoría social como los contextos simbólicos priorizándolos sobre los aspectos instrumentales en la esfera política. Para ellos ninguna identidad de grupo (incluida la clase) se da como objetivamente predeterminada y todas las identidades colectivas deben ser socialmente construidas como principal objetivo antes de que la acción social sea posible. Otros elementos que caracterizan a los nuevos movimientos sociales son su base predominantemente compuesta por las clases medias, sus objetivos simbólicos y post materialistas, su búsqueda de autonomía, su politización de la vida cotidiana y su preferencia por formas de organización del movimiento participativas y descentralizadas. (Buelcher, 2007: 3208-3210). Para Nash, los nuevos  movimientos sociales son considerados como “nuevos” en términos de su orientación, organización y estilo por comparación con el “viejo” movimiento obrero del cual se distinguen por: 1) Su carácter no meramente instrumental, expresivo de preocupaciones universalistas y frecuentemente sus protestas son en nombre de la moralidad más que por intereses directos de grupos sociales particulares. 2) Su orientación es más hacia la sociedad civil que hacia el estado al que consideran sospechoso por sus estructuras burocráticas centralizadas y orientado hacia el cambio de la opinión del público antes que al cambio de las instituciones controladas por las élites. Se preocupan más por aspectos culturales, de estilo de vida y participación en la política simbólica de la protesta que por reivindicar derechos socioeconómicos. 3) Se organizan de manera informal y flexible, al menos en algunos aspectos, evitando la jerarquización, la burocracia e incluso los requisitos para sus miembros. 4) Son altamente dependientes de los medios de comunicación de masas a través de los cuales dan a conocer sus reivindicaciones y llamamientos, escenifican sus protestas y pueden capturar la imaginación y los sentimientos del público (Nash, 2010: 88).

 Para Robert Putnam, el concepto de capital social hace referencia a características de la organización social tales como confianza, normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas. Como otras formas de capital, el capital social es productivo, haciendo posible el logro de ciertos fines que no podrían ser alcanzables en su ausencia. (Putnam, Leonardi y Nonetti, 1993: 167). James Coleman describe seis clases de capital social: Obligaciones y expectativas, potencial informativo, normas y sanciones eficaces, relaciones de autoridad, organizaciones sociales apropiables y organizaciones intencionales (Coleman, 1990: 304-313).

Basándonos en Funes y Monferrer,la perspectiva teórica conocida como de la democracia parte de la idea de que la principal pretensión de la acción colectiva de movimientos y asociaciones es ampliar los ámbitos de la participación democrática en el contexto de la creciente crisis de legitimidad de la democracia representativa entendida como de élites que, pese a seguir teniendo un apoyo mayoritario entre la población, es cada vez más cuestionada en ciertos aspectos en confrontación con la democracia de tipo participativo. Frente a la polarización de ambas concepciones de la democracia, muchos son los autores que tratan de encontrar mecanismos de articulación y síntesis entre ambas abogando, por ejemplo, por la representación directa en ámbitos concretos aunque conjugada con la representación de intereses por la vía delegativa en el nivel de la gran escala, o planteando una acción deliberativa de los ciudadanos al tiempo que se fortalecen las instituciones reguladoras del ejercicio de agregación y articulación de las preferencias(Funes y Monferrer, 2003: 38-40). Efectivamente, es un hecho comprobado a través de múltiples estudios que la confianza en los partidos políticos en las democracias occidentales tiende a ser prácticamente la más baja en comparación con cualquier otra organización pública de alto nivel. Su pérdida de popularidad e influencia ha sido acompañada por cambios en los propios partidos que tienden a convertirlos menos en vehículos de la expresión y articulación de la voluntad popular, según se supone idealmente que deben ser, que en organizaciones destinadas a que políticos profesionales ganen elecciones (Nash, 2010: 197), en mi opinión, para satisfacer intereses particulares de aquellos que financian sus partidos y campañas ajenos a cualquier concepción encuadrable de algún modo dentro de cualquier concepción de Interés General o Bien Común.Además, según Funes y Monferrer, los ciudadanos son cada día más críticos con las acciones políticas de sus gobernantes debido, en buena parte, a la mejora del nivel educativo general de la sociedad y a la capacidad evaluativa de sus decisiones que se traducen en actitudes de descontento y desconfianza en amplios sectores de la sociedad. Lo que reclaman los ciudadanos que valoran como insuficientes los cauces de representación política es una mayor participación y en más ámbitos incluyendo la articulación de más intereses y procedimientos más allá de los propios de democracia representativa actual que complementen y enriquezcan la participación política tradicional (Funes y Monferrer, 2003: 38-40).

El enfoque del proceso político ubica al Estado en el centro de la escena de la movilización social al considerar que su configuración y la articulación del poder en su seno afectan en la práctica a la protesta social analizando el modo y las condiciones políticas en las que se desarrollan los movimientos. (Funes y Monferrer, 2003: 41). Charles Tilly argumenta que la interacción entre intereses, organización y oportunidad explica el nivel de movilización y acción colectiva en un determinado conflicto: los intereses representan las ganancias potenciales de la participación; la organización representa el nivel de identidad entre los componentes y sus redes, y la oportunidad viene determinada por la cantidad de poder político, las posibilidades de represión y la vulnerabilidad del objetivo. (Tilly, 1978:7). Neal Caren, basándose en Doug McAdam, considera a los movimientos sociales como resultado de tres factores: las oportunidades políticas; la fuerza de las organizaciones, y la liberación cognitiva. Las oportunidades políticas provienen de cualquier evento o proceso social amplio que socave y debilite los cálculos y supuestos en los que establishment político está estructurado. Las oportunidades políticas actúan de manera más bien indirecta cambiando el reparto de de fuerzas entre el grupo desafiante al orden establecido y los ostentadores del poder. El proceso de liberación cognitiva es resultado de un proceso de enmarcamiento de la realidad que despierta en los individuos el sentimiento de la pérdida de legitimidad del sistema político y de que su participación en el movimiento social puede promover cambios significativos. (Caren, 2007: 3455-588). Una de las principales contribuciones de la teoría del proceso político ha sido la reafirmación del carácter fundamentalmente político de la acción colectiva. Realiza especial énfasis en el papel de los eventos catalizadores que debilitan los regímenes establecidos creando nuevas oportunidades para la acción exitosa de los grupos desafiantes al poder. (McAdam, 2007: 3455)

– El contexto sociopolítico y la estructura de oportunidad para los movimientos sociales en España

Según Jaime Pastor, puede considerarse al 15-M y la ola de movilizaciones posteriores en España como un novísimo movimiento social en el que “la novedad se encuentra en que se trata de colectivos con un gran número de personas que hacen su primera experiencia política y que se declaran abiertamente independientes de cualquier organización política o social, facilitando así la identificación con ellas por parte de activistas virtuales muy diversos ideológicamente.” (Pastor, 2012: 360). Siguiendo a Pastor, podemos afirmar que el contexto de oportunidad política para la movilización se produce en España con la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas cuyas campañas electorales anodinas conectan poco con las inquietudes y preocupaciones de una ciudadanía castigada por la crisis económica y el desempleo a la par que con creciente desafección y desconfianza hacia la clase política a la que cada vez en mayor medida considera corrupta y al servicio de los intereses de “los de arriba”. (Pastor, 2012: 356-360). Cabe señalar también la relación de la irrupción del movimiento en la escena política con la crisis sistémica iniciada en 2008 a escala global y como reacción a la misma, junto con el giro, siguiendo las directrices neoliberales, del gobierno presidido por Rodríguez Zapatero a partir de mayo de 2010, y siendo influido también por el “tiempo mundial” de la protesta que comienza con las revueltas árabes y se irá extendiendo hasta la jornada de acción global del 15 de octubre (Pastor, 2012: 356-377). Por otro lado, resulta innegable que el 15-M, y desde mi punto de vista las posteriores movilizaciones en forma de “mareas” o las efectuadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, asumen “los principales rasgos que caracterizan a un movimiento social: desafío, acción colectiva, conflicto, cambio, organización duradera y formas de acción principalmente no convencionales en torno a la denuncia de uno u otro marco de injusticia y con voluntad de modificar las agendas políticas y las creencias colectivas o el “sentido común” dominantes. Un movimiento que desarrolla una «política contenciosa transgresiva» (Pastor, 2012: 356-376). Siguiendo la línea de Tarrow, podemos observar, pues, en el movimiento 15M una cristalización de la protesta catalizadora de la creación y difusión de oportunidades para la acción colectiva mediante el establecimiento de modelos, marcos y estructuras de movilización, expandiendo las oportunidades del propio movimiento y de los grupos y plataformas afines, al tiempo que creando oportunidades para que las élites políticas en sintonía con algunas de sus reivindicaciones, las trasladen a su programa (Tarrow, 1997:173), tal y como ha sido el caso en España de IU. Según señalan Enrique e Ibáñez, para algunos teóricos de los movimientos de la alterglobalización actual se trata de aprovechar como oportunidad las opciones políticas abiertas por una expansión del trabajo que habría incorporado de modo generalizado en la ley capitalista de producción de valor «el trabajo intelectual, afectivo y técnico-científico». Nuevas posibilidades para el desarrollo de los movimientos resultado de la desaparición de las fronteras y los límites —siquiera simbólicos— que parecía imponer la estrechez de la concepción productivista del trabajo asociada a la condición obrera. Estas transformaciones habrían impuesto «nuevos procesos de constitución subjetiva: dentro de la crisis que experimentamos, es decir, que la organización de las viejas subjetividades experimenta». Las nuevas formas de organización que parecen asociarse al  trabajo  generalizado harían posible un nuevo espacio para la expansión de los movimientos autónomos:

«Cuando los sujetos se han tornado productores autónomos de riqueza, conocimiento y cooperación, sin necesidad de un poder de mando externo, cuando organizan la producción misma y la reproducción social, no hay razón alguna para un poder omniabarcante y soberano extrínseco a su propia potencia». (Enrique e Ibáñez, 2012: 174-175). Al mismo tiempo, conviene no perder la perspectiva de las dificultades a la participación en el proceso político en una democracia representativa derivadas de la aversión del movimiento 15M a constituirse en partido político u organización de algún modo jerarquizada y estructurada de forma representativa.

Desde el enfoque de las teorías de la democracia podemos decir que el 15-M “es un movimiento proto-democrático, que, entendido a tiempo, refuerza al propio sistema democrático, pues denuncia los envites que sufren las instituciones en unos momentos de ataques procedentes de la «excepción económica» (crisis).” (Adell, 2012: 167).

Resulta también evidente que, desde el punto de vista de la creación de capital social, las movilizaciones en España a partir del 15-M han establecido, gracias principalmente a Internet, el contexto adecuado para la multiplicación de las relaciones entre ciudadanos y organizaciones creando canales multi nodales que refuerzan y flexibilizan la comunicación de los distintos actores en la sociedad civil lo que, a su vez, permite afrontar tareas y retos que estarían muy lejos de las capacidades de un solo actor o de actores descoordinados.

– Conclusión

La emergencia de los movimientos sociales no es un fenómeno linear y predeterminado por una serie de factores o variables cuya convergencia produzca, indefectiblemente, como resultado la protesta y movilización. La movilización social es resultado de la dinámica de un sistema complejo como es el socio-político-económico y es influenciada por las crisis (tanto económicas como de valores morales), la capacidad de movilización de recursos por parte de los distintos actores sociales, su potencial para crear marcos cognitivos e identidades, el marco legal, el contexto de oportunidades propiciadas por el sistema político y represivo y la existencia o desarrollo de redes sociales que catalicen los distintos procesos y factores implicados en la dirección de la efervescencia. Desde mi punto de vista, los movimientos sociales forman parte de una sociedad civil sana ejerciendo, entre otras, las funciones de crear y trasladar a las agendas políticas y de los medios asuntos y demandas alternativos a los “oficiales” así como conflictos sociales más o menos soterrados o evidentes, lo que ayuda a garantizar el dinamismo, la apertura y la pluralidad del sistema político. Están conformados por diversas redes que reaccionan ante las distintas circunstancias sociales y políticas, al tiempo que tienen capacidad para moldearlas, a través de los distintos mecanismos de protesta, creación simbólica y comunicación de ideas. Su dinámica se basa en la auto organización y en la continua auto producción de estructuras de protesta y movilización a través de la actividad continuada que permite la emergencia de nuevos métodos de protesta y participación. En el caso de la movilización social a partir del 15-M en España, estoy de acuerdo con Castells en que aunque su efecto inmediato en el terreno político pueda parecer escaso, su principal logro, como en el caso de otros movimientos a lo largo de la historia, ha sido cambiar las conciencias de las personas a través de la participación, el pluralismo y la esperanza de que otras formas de hacer política, a través de una democracia más auténtica, abierta, participativa, sustantivada y legítima, son posibles. El contexto socio político español está caracterizado por una creciente insatisfacción y desafección ciudadana respecto a las instituciones democráticas y del estado motivado, entre otros factores en mi opinión, por el predominio en el poder de unas élites políticas mediocres, corruptas o cooptantes con el poder corporativo y financiero nacional y transnacional, al que, en demasiados casos, pertenecen, han pertenecido y volverán a pertenecer una vez acabada su misión como cargos políticos merced a los consabidos mecanismos de puertas giratorias. Dicha situación de desesperanza y descreimiento en la política, se agrava con las consecuencias, cada vez más crudas, de una crisis que muchos percibimos más como una guerra, planificada o no, económica de las plutocracias financieras internas y transnacionales contra el Estado democrático y social y las clases medias y trabajadoras. Además la adopción constante de políticas de, mal llamada, “austeridad” y recortes sociales de todo tipo, al dictado de la conveniencia del gobierno Alemán del CDU a través de la Unión Europea, continúan teniendo como efecto un empeoramiento de la situación económica, un incremento continuado del desempleo, una disminución constante de los salarios reales, la práctica imposibilidad de emancipación para los jóvenes, una disminución constante de la inversión en sanidad y educación y un decremento de los distintos servicios de aseguramiento y protección social prestados por el Estado, por lo que podemos concluir que el contexto socio político, pese a la creciente represión por parte del gobierno en España, proporciona y proporcionará durante un largo periodo, motivos sobrados para la protesta y la movilización social así como la emergencia y consolidación dinámica en el tiempo de movimientos sociales que irán transformándose de acuerdo con las oportunidades, circunstancias y asuntos relevantes del momento.

La continuidad en el tiempo de estos movimientos dependerá de la superación del pesimismo y la desesperanza por parte de la ciudadanía así como de las habilidades de la misma para aprovechar las oportunidades que el contexto a nivel macro (socio- político-económico) pueda brindar a los movimientos. Las posibilidades de éxito de estos, en nuestro actual contexto, dependerán de conservar la legitimidad social a través de la coherencia con sus principios manteniéndose alejados de expresiones violentas y de la identificación con un determinado partido político.

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14 estrategias con las que los gobiernos manipulan a la opinión pública.

engranajesrotosHoy creo de interés enumerar y comentar aquí las estrategias y tretas más relevantes y evidentes, señaladas por Inés Calzada y Eloísa del Pino en el volumen compilado por esta última y Mª Josefa Rubio Lara Los Estados de Bienestar en la encrucijada, usadas por los distintos gobiernos para evitar por todos los medios ser culpados de las decisiones más impopulares o abiertamente contraproducentes para el común de la ciudadanía al tiempo que, habitualmente, favorables a los intereses de los lobbies que más generosos se muestran con la financiación en A y B de los partidos y/o determinados cargos y, por tanto, mayor poder ejercen en el seno de las organizaciones.

1-    Deja para mañana lo que puedas hacer hoy. Cuando los gobiernos preveen adoptar medidas impopulares respecto a determinados asuntos pueden tratar de retrasar la entrada del tema en la agenda el máximo de tiempo posible para no generar situaciones de culpa. En este sentido, parece resultar obvio que las decisiones impopulares castigan más en términos electorales a los gobiernos cuanto más cerca del periodo electoral se adoptan. Una variante de esta estrategia, posibilitada por la “mala memoria” de los votantes, consiste en diseñar la agenda de medidas impopulares y recortes de forma que el grueso de disposiciones más severas se tomen al principio de la legislatura para, el último año, ante la proximidad de las elecciones adoptar algunas medidas cosméticas de menor calado con el fin de congraciarse con el electorado. Dicho en términos más gráficos: quitan hoy 100 para devolver mañana 5 y parecer en el último momento como generosos y providentes ante la opinión pública con ayuda de los medios de comunicación de masas bajo su órbita de control. Esta parece ser una estrategia evidente adoptada por el gobierno de Mariano Rajoy en España y otros gobiernos autonómicos.

2-    No hay bien que por mal no venga. Si los políticos no pueden soslayar una situación en la que necesiten estrategias para evitar ser penalizados por los votantes; una posible maniobra es redefinir el tema de forma que las pérdidas se presenten como ganancias. Por ejemplo, recortes en pilares básicos del Estado de Bienestar como sanidad o pensiones se presentan como medidas positivas tendentes a garantizar la sostenibilidad del sistema. Paralelamente a este tipo de maniobras, suelen diseñarse campañas a varios niveles, desde el mediático al académico, de redefinición de marcos ya que, si la idea de bienestar está socialmente construida, también pueda construirse la necesidad de su reforma.

3-    Más vale tarde que nunca. Ante decisiones que impliquen pérdidas para los votantes que no pueden ni evitarse ni suavizarse, los gobiernos pueden tratar de comprar tiempo. Por ejemplo, retrasar la edad de jubilación para demorar el efecto de los recortes de forma que solo los que se jubilen dentro de unos años perciban que les ha costado más tiempo conseguir una pensión que, además, es menos generosa. El jubilado del futuro ve demasiado lejos su pensión como para castigar hoy sus recortes.

4-    Escurrir el bulto. Intentando que sea otro el que asuma la decisión impopular. Suele ser útil en estados multinivel donde el gobierno central puede “pasar la pelota” transfiriendo la responsabilidad de los recortes a los gobiernos subnacionales o viceversa.

5-    El chivo expiatorio. Se disminuyen sensiblemente los riesgos electorales cuando los gobiernos encuentran a alguien a quien culpar de las decisiones impopulares. Se puede acusar a los predecesores, la famosa “herencia recibida” pregonada a todos los niveles actualmente por el PP; o recurrir a chivos expiatorios diversos como el FMI, la UE, estados terceros como Alemania o Grecia, etc.

6-    Subirse (o bajarse) del carro a tiempo. Un partido en la oposición debe plantearse si es conveniente apoyar al gobierno cuando este pretende realizar recortes impopulares incluso estando de acuerdo con tales recortes, si, de todos modos, el gobierno logrará aprobarlo, por ejemplo, al disponer de mayoría absoluta en el parlamento. En estos casos, un partido de la oposición con expectativas reales de ganar las elecciones puede preservar sus apoyos entre lobbies y votantes (dependiendo de lo que se valore más atendiendo a diversos criterios) y/o ganar nuevos, subiéndose al carro o no de tales medidas. El único requisito clave es que la postura inicial no haya resultado demasiado evidente a fin de no ser tachado de oportunista. Una variante encubierta que implica un apoyo tácito a la política de recortes y otras decisiones, poco confesables fuera de ciertos conciliábulos en los que las oligarquías financieras mueven sus hilos, del gobierno Rajoy puede ser ejemplificada a través del ofrecimiento del líder oficial del PSOE, Rubalcaba, de establecer un pacto sobre la UE. Pacto que también puede servir para ejemplificar el siguiente punto.

7-    Cerrar filas. El gobierno suele tratar de conseguir apoyo a la hora de afrontar decisiones complicadas, arriesgadas, prevaricantes o claramente dolosas con la esperanza de que el consenso y la multiplicidad de cómplices difumine la culpa. Los partidos de derechas como el PP suelen ser más propensos a desear liquidar al Estado de Bienestar, pero si logran el apoyo de partidos de la teórica izquierda o de los sindicatos, la ciudadanía tenderá a pensar que los recortes eran imprescindibles. La estrategia será especialmente necesaria si el partido que propone los recortes tiene enfrente a otro, al que los ciudadanos consideren más garante y defensor del Estado de Bienestar, con posibilidades de ganar las elecciones. La maniobra será más importante aún si se gobierna por mayoría absoluta ya que si las decisiones impopulares se asumen en soledad, el partido en el gobierno será percibido como el único culpable.

8-    Sujétame que no respondo de mí. Magnífico ejemplo de esta estrategia es la modificación con agosticidad y alevosía por parte del PP y del PSOE del artículo 135 de la Constitución Española introduciendo el principio de equilibrio presupuestario que impide un déficit estructural mayor que el 0,4% salvo causas muy excepcionales. Este principio ata las manos a los políticos sobre el déficit y siempre podrá ser invocado para justificar recortes o no gastar en determinadas partidas que, “casualmente”, suelen estar siempre relacionadas en mayor o menor medida con el Estado de Bienestar o las funciones redistributivas del Estado.

9-    Yo no quiero per los datos no me dejan margen. Se puede emplear la contabilidad creativa e incluso mentiras empleando los datos de forma asimétrica, espuria o recurriendo a la parte de ellos que más conviene. Para justificar recortes en el gasto relacionado con el Estado provisor y de Bienestar, suele recurrirse a presentar datos de fraudes o abusos del sistema así como datos sobre los costes de las prestaciones y servicios sin mencionar los beneficios que producen a gran escala y largo plazo.

10-  De todas formas habrá que hacerlo. Sea quien sea el que gobierne y será peor si no se hace. Un gobierno de teórica izquierda como el del PSOE puede aducir que los recortes serán peores si llega al poder una derecha neoliberal declarada como la del PP. Desde el estallido de la crisis financiera de 2008, los gobiernos del sur de Europa amenazaban con que si no hacían los recortes, llegarían los hombres de negro, en alusión a los funcionarios de la UE, con medidas peores.

11-  Agosticidad y alevosía. Cuando los gobiernos tratan de disimular los recortes, por ejemplo, adoptándolos en periodos vacacionales, tratando así de evitar la movilización social. De nuevo, el ejemplo de la modificación del artículo 135 de la Constitución perpetrada por PSOE y PP nos sirve para ilustrar una estrategia.

12-  Divide y vencerás. Fragmentar a la ciudadanía con los recortes, enfrentando, por ejemplo, a los trabajadores del sector público con los del sector privado, a las escuelas públicas con las concertadas, a los ricos con los pobres, etc. Tratando de que todos olviden de que el Estado de Bienestar proporciona beneficios al común de la ciudadanía en su conjunto.

13-  Los niños y las minorías primero… Consiste en recortar primero prestaciones y servicios a los más desfavorecidos y a las minorías (por ejemplo los pobres y los discapacitados) que no son respaldados por ningún grupo de presión o, si lo tienen, carecen de capacidad de movilización o de los recursos financieros necesarios para engrasar las maquinarias de eso en lo que han degenerado los, otrora, dignos de ser llamados partidos políticos.

14-  Diversifica los riesgos. En los estados de tipo multinivel como el español, el gobierno puede aliarse con los gobiernos subnacionales de su mismo color para hacer las reformas en distintos periodos de modo que las posibles movilizaciones no se produzcan al tiempo.

A buen seguro que todos los lectores podréis encontrar múltiples y variados ejemplos de actualidad que ilustren cada una de la estrategias mencionadas. Os invito a que los compartáis con nosotros.

Por qué la sanidad debe ser pública y universal

Apuntes a trazo grueso:

Resulta evidente que el ámbito sanitario posee rasgos específicos que lo diferencian de otros sectores económicos ya que atención sanitaria es un derecho humano básico del mismo modo que lo es el derecho a la salud. El recrudecimiento, aprovechando la ventana de oportunidad abierta por la crisis financiera global convertida en crisis fiscal, de las agresiones contra el Estado Social de Derecho y Bienestar, por parte de la ideología neoliberal imperante en las instituciones que instrumentalizan el poder político en la Unión Europea y en España, ha promovido una campaña multimediática a favor de la privatización, más o menos evidente, de los servicios sanitarios como medio para introducir la eficiencia de los mecanismos de mercado en su gestión. Dicha campaña está diseñada con el objetivo de que la opinión pública olvide que “el mercado” incumple de manera sistemática las condiciones básicas necesarias para ejercer como adjudicador eficiente de recursos y proveedor eficaz de servicios sanitarios.

Por un lado, en el sector sanitario existe una fuerte asimetría de la información relacionada con la naturaleza especializada, cuyo dominio está solo al alcance de la oferta, de los conocimientos médicos y tratamientos lo que supone, entre otras, una clara violación de la condición de información perfecta y su libre flujo imprescindible para el funcionamiento de un determinado mercado y que fácilmente puede derivar en prácticas tendentes a potenciar una demanda inducida por la oferta. Por otro lado, resulta más que discutible la existencia de una competencia perfecta en el sector sanitario cuando la oferta puede ser muy fácilmente controlada a través de acuerdos oligopolísticos tanto entre las empresas aseguradoras como entre las empresas sanitarias, por no mencionar ya concentraciones similares a las Healt Maintenance Organisations que aúnan las funciones de financiación y provisión de servicios sanitarios. Por último, tampoco se cumple la premisa relativa a la inexistencia de externalidades negativas puesto que, por ejemplo, la falta de acceso de un individuo o colectivo al servicio de salud puede suponer una amenaza para el resto de la población en el caso de las enfermedades infecto contagiosas.

El modelo sanitario privado se caracteriza por el importante papel jugado por el mercado tanto desde el lado de la financiación como en el de la prestación de servicios sanitarios. Este modelo destaca por dejar de facto sin cobertura a importantes segmentos de la población que no pueden permitirse el aseguramiento sanitario; por su alto coste tanto en términos de porcentaje de riqueza nacional destinada como de proporción de gasto público dedicado a los programas de aseguramiento público (debido a la estructura de incentivos que incrementan los costes), y por la notable segmentación de los niveles de cobertura y calidad de atención sanitaria en función de la renta de los pacientes.

Por el contrario, los modelos sanitarios de carácter universalista incluyen a la práctica totalidad de la población bajo el paraguas del sistema sanitario público con lo que se evita la exclusión de determinados colectivos con menor capacidad económica al tiempo que sus estructuras de incentivos básicas se comportan de forma más eficiente a la hora de contener los costes y se reduce sensiblemente la segmentación de la atención sanitaria en función de la renta o el status de los pacientes. En general, los sistemas sanitarios universalistas responden de forma adecuada a los fallos del mercado limitando la actuación del mismo a aquellos ámbitos en los que, supervisado por las administraciones sanitarias, puede contribuir a mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.

FUENTE: OCDE 2012

FUENTE: OCDE 2012

SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS Y CORRUPCIÓN

ImageDonatella Della Porta publicó en 2004 un interesantísimo artículo en Crime, Law & Social Change 42: 35–60 titulado “Political parties and corruption: Ten hypotheses on five vicious circles” donde analiza las características  de los partidos y sistemas de partidos que favorecen la propagación de la corrupción.

Deseo compartir aquí algunas conclusiones y reflexiones extraídas de su lectura.

Aunque la corrupción también puede desarrollarse en los partidos de masas con fuerte componente ideológico, en las democracias avanzadas parece estar ligada mayormente a las estructuras partidistas más y más oligárquicas, a un descenso en la afiliación, a la reducción de los roles desempeñados por los activistas y los afiliados y a dirigentes profesionalizados. Robert Michels en su obra Los partidos políticos describió cómo las organizaciones políticas dejan pronto de ser un instrumento para alcanzar determinados fines socioeconómicos vinculados con el Interés General y el Bien Común desplazando sus objetivos para transformarse en un fin en sí mismo. Definió la conocida como “Ley de Hierro de las Oligarquías” basándose en tres argumentos principales: Por un lado, cuanto más grandes se hacen las organizaciones, más se incrementa su grado de burocratización al tender a especializarse y a aumentar la complejidad de sus decisiones. Los individuos que conocen, por diversas circunstancias, los modos y maneras de lidiar con los temas complejos se van volviendo imprescindibles conformando así una “élite”. Por otro lado, estos individuos están especialmente interesados en promover y alimentar el desarrollo de una dicotomía entre eficiencia y democracia interna convenciendo a los activistas de que para una mayor eficiencia de la organización se precisa de un liderazgo fuerte e incontestado. Finalmente, la propia dinámica psicológica de las masas de afiliados hace deseable el liderazgo puesto que, por uno u otro motivo, tienden a mostrarse apáticas e ineptas para resolver problemas por sí mismos, son agradecidos con los líderes que pueden repartir migajas más o menos gruesas de poder y riqueza tendiendo, además, al culto a la personalidad.

Así, el rol de los afiliados ha ido cambiando progresivamente del status de “razón de ser” de los partidos a meros recursos de financiación, caladeros de servicios y legitimación formal estética de un funcionamiento democrático más aparente que real. Pasando a ser, cada vez en mayor medida, maquinarias de uso personal al servicio del líder. Aunque los líderes puedan estar interesados en atraer ciertas clientelas controlables al partido para cubrir ciertos servicios, estas estarán lejos de poder o tener interés en fiscalizar el funcionamiento del partido y las decisiones de sus líderes, siendo un hecho demostrado que la corrupción se desarrolla con mucha mayor facilidad en organizaciones cuyos miembros y afiliados no supervisan su funcionamiento o no son sensibles a los incentivos ideológicos y morales para la acción colectiva. La corrupción emerge más facilmente en el seno del partido cuando este pierde su carácter ideológico y de masas. Los bajos niveles de militancia real y arraigo en la sociedad, un alto nivel de personalismo y el pragmatismo han sido citados como factores explicativos de la corrupción en España. Los partidos españoles provienen de los partidos de notables de comienzos del pasado siglo habiendo prescindido de una verdadera etapa como partidos de masas. Por ello tienden a ser crecientemente oligárquicos con un progresivo divorcio entre los líderes y los miembros de base al tiempo que muestran un nivel de esfuerzo real muy pequeño en reclutar a verdaderos afiliados y activistas. No obstante, pese a su escaso número de afiliados, los partidos políticos tienen grandes y costosas estructuras organizativas con muchos “funcionarios” y cargos a sueldo lo que provoca que tengan que recurrir, por un lado, a las arcas del Estado para su financiación y, por el otro, a las donaciones en A y en B de lobbies y empresas a cambio de favores, no siempre confesables, una vez conseguida alguna cuota de poder en algún ámbito.

Incluso en países en los que puede observarse el desarrollo de partidos que podemos considerar como de masas, el aumento de la corrupción coincide con el declive de los vínculos ideológicos entre el partido y sus votantes y activistas. Una de las consecuencias de la pérdida del carácter ideológico de los partidos políticos ha sido el incremento de las “intrigas” pragmáticas y la búsqueda de objetivos y “negocios” de carácter no ideológico que no solo han conducido a su progresiva desideologización sino también a la proliferación y legitimación del arribismo y el diseño de carreras individuales. La corrupción política se incrementa cuando los partidos se transforman en organizaciones de pobre activismo, participación y afiliación reales donde los verdaderos emprendedores políticos honestos afrontan serios problemas financieros, de acceso a los recursos controlados por las nomenclaturas de la élite y organizativos.

Sin legitimidad real para movilizar a un electorado estable, sin miembros y simpatizantes capaces de enfrentarse a una clase política y élites internas que, carentes de motivaciones ideológicas, contemplan el enriquecimiento como el único incentivo selectivo para la política, los partidos políticos se convierten en el caldo de cultivo ideal para un amplio rango de prácticas corruptas. Por ejemplo, se empiezan a seleccionar a aquellos individuos más “competentes” para la organización de la financiación ilegal alterando, de forma más o menos evidente y/o directa, los mecanismos para seleccionar al personal político y burocrático a favor de los individuos con menos escrúpulos que estén dispuestos a “invertir” en crear y comerciar con influencias. El sentido de pertenencia y afiliación a un partido resulta así alterado. La gente deja de afiliarse altruistamente para contribuir voluntariamente al trabajo a favor del partido que defiende una determinada interpretación del Bien Común, sino que lo hacen para ser admitidos en la competición por posiciones en las que alcanzar intereses privados. Los mecanismos de filtrado son diseñados entonces para el aseguramiento de que el futuro cargo político sea una persona con las habilidades especiales necesarias y dispuesta a participar en prácticas ilícitas o que, al menos, se “comporte de manera responsable” y no plantee objeciones morales cuando se entere de alguna irregularidad relacionada con prácticas corruptas o sospechosas dentro del partido.

Resulta evidente, por otro lado, que el fenómeno de la corrupción casa a la perfección con los enormes costes de las faraónicas campañas electorales que deben afrontar los grandes partidos para colocar en el mercado electoral su candidato-producto. Costes que, probablemente, haya muchas personas y actores interesados, dentro y fuera del entorno partidista, en que no se reduzcan y continúen incrementándose para crear el fermento y la necesidad de las amplias y, muchas veces, complejas prácticas corruptas amparadas en la excusa de la necesidad de financiación.

La corrupción produce, de hecho, un sistema de valores orientado a la consecución de objetivos individuales a través de interacciones basadas en beneficios extrínsecos a una concepción de la política éticamente aceptable o instrumentales al tiempo que desincentiva las relaciones “ideológicas” basadas en beneficios de corte moral o expresivo. Así, las prácticas corruptas reducen la capacidad de los partidos para movilizar recursos ideológicos y distribuir incentivos moralmente admisibles a la participación. De este modo, se contribuye a la monetarización y parcelación del poder interno en el partido (las lealtades se compran y se venden a cambio de poder, favores, cargos o dinero) transformando al mismo en una serie de clanes en permanente estado de guerra interna en el que la “ideología” o el servicio al ciudadano son vistos (cuando no hay público ni eso) como meras cortinas de humo tras las que ocultar maquinaciones y objetivos poco presentables.

Una importante característica de los principales partidos en cuanto a número de votos es su disposición y tendencia real, más allá de las poses estéticas, a confabularse, de formas más o menos tácitas, en el importante asunto de la financiación de sus maquinarias tanto a través de los fondos públicos y de las donaciones privadas en “A” y en “B”, como del trascendental asunto del control y fiscalización efectivos de sus estados de cuentas por parte de los tribunales, las instituciones y la ciudadanía. Resulta lógico pues, que a falta de unos mínimos escrúpulos morales y democráticos, las élites de estos partidos coopten y encuentren diversos medios para manejar y administrar la realidad de la corrupción minimizando los efectos dañinos, tras las “reglamentarias” alharacas de fogueo ante los medios de comunicación, de los escándalos en que se ven envueltos. Eso los protege de una escalada incontrolada de denuncias en la que se puede ver amenazado el status quo del sistema de partidos que mantiene a los grandes en posición predominante.

Es necesario tener muy presente que la corrupción política muy, muy raramente se trata de un negocio o intercambio puramente individual. En los sistemas democráticos, la división de los poderes públicos hace que sea habitualmente imposible para un solo actor, cargo o individuo ofrecer los servicios demandados por el corruptor que, frecuentemente, han de ser prestados a través del tiempo y los avatares electorales. Cuando la corrupción es conocida, practicada o consentida por varios agentes políticos en colaboración, más o menos evidente o demostrable,  se hacen necesarios acuerdos ocultos entre los partidos y cierta administración coordinada del poder para evitar los riesgos de denuncias o los provenientes de los “free-riders” o políticos decentes que se niegan a amparar con su silencio las prácticas corruptas. Estos acuerdos se basan a veces, por ejemplo, en una determinada distribución de contratos públicos entre distintas empresas en base al color de sus “donaciones” o “querencias” políticas, o distribuyendo beneficios de acuerdo con la fuerza electoral de los partidos involucrados. En general, los grandes partidos cooptantes en cuanto al uso de grandes cantidades del erario y receptores de los beneficios proporcionados por la corrupción, manifiestan una solidaridad recíproca cuando los escándalos verdaderamente trascendentes relacionados con la financiación de los partidos emergen. Esta “conspiración del silencio” opera especialmente entre los líderes de los distintos partidos más allá de los agrios y violentos conflictos escenificados ante los medios de comunicación. Para sobrevivir, todos deben simular respetar las reglas del juego público mientras silencian y se mantienen fieles a las reglas de su juego oculto. Esta comunidad de intereses dificulta en buena medida el correcto funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos y los mecanismos usuales de control asociados, al menos en teoría, con los sistemas competitivos de partidos, reemplazándolos por pautas de acuerdos tácitos y mejoras de los privilegios mútuos.

El control de un determinado partido sobre las administraciones públicas incrementa los recursos susceptibles de ser invertidos en corrupción, reduciendo al mismo tiempo la posibilidad de controles mutuos entre los cargos de designación política y los funcionarios de carrera. La fuerza o debilidad de los partidos puede ser medida de dos maneras, bien a través de su capacidad para proporcionar ventajas, cargos y sinecuras al aparato del partido y sus colaboradores, o bien a través de su capacidad para transmitir, articular y materializar en resultados las demandas de los representados. La corrupción suele hallarse negativamente correlacionada con el segundo tipo de poder del partido e infecta con mucha mayor frecuencia ante la carencia de programas a largo plazo, recursos ideológicos e incentivos morales o expresivos a la participación. De esta forma, en los sistemas representativos con altos índices de corrupción, el peso electoral se emplea principalmente para determinar la proporción y cantidad de botines, cargos y sinecuras a la disposición de las élites de los partidos para distribuir entre sus clientelas empleando sistemáticamente el control de la maquinaria de las distintas administraciones del Estado para recompensar, a través de empleo público (por ejemplo), a los afiliados y simpatizantes por su fidelidad y apoyo en diversos ámbitos.

El declive de la capacidad de llamamiento al Bien Común y con ello el deterioro de la legitimidad sustantiva, incrementa la necesidad de clientelas personales mientras que la corrupción reduce la capacidad de los partidos para agregar, articular, transmitir y gestionar los intereses colectivos. Todo ello altera radicalmente el potencial de los partidos para identificar e interpretar las necesidades y deseos de la ciudadanía; seleccionar y abstraer aquellos que pueden ser expresados en términos políticos; proponer, justificar y criticar políticas o medidas para conseguir dichos objetivos o, cuando es necesario, para explicar por qué estos no pueden ser satisfechos. En lugar de priorizar la satisfacción de la voluntad ciudadana o el Interés General, los partidos corruptos toman sus decisiones en términos de la consecución de sobornos de alguna clase. Cuando la corrupción está arraigada en el sistema, para los partidos, el manejo a discreción de los fondos públicos se convierte en un objetivo en sí mismo, entonces, las acciones de los cargos políticos corruptos distorsionan seriamente la actividad administrativa, los trabajos y proyectos son contratados exclusivamente en función del grado de seguridad y facilidad con los que los sobornos y “donaciones” pueden ser recaudados y no en base de criterios técnicos o económicos destinados a salvaguardar el Erario. De hecho, el objetivo de los administradores corruptos es atraer hacia el partido y/o hacia el propio bolsillo cuantos recursos sean posibles desde las áreas donde tienen poder, obteniendo por ello en agradecimiento, mientras puedan mantenerse al margen de investigaciones judiciales, poder y reconocimientos crecientes en el seno de las maquinarias partitocráticas. Así, el gasto público tiende a desviarse hacia los sectores en los que los beneficios por corrupción son mayores y los riesgos de poder ser demostrados los delitos menores prestándose un interés decreciente a las necesidades de la ciudadanía.

La corrupción es sistémica cuando lo ilícito se convierte en norma y la corrupción es tan común y está tan institucionalizada que aquellos que la aceptan y practican se ven recompensados mientras que aquellos que actúan según el espíritu del Ordenamiento Jurídico de un Estado de Derecho democrático y según los imperativos morales que deben regir lo público, lo social y lo personal se ven penalizados y discriminados.

Resulta fácil percibir cuándo los partidos políticos ocupan la sociedad civil no con la intención de diseñar y ejecutar programas políticos a largo plazo sino con la intención de asegurarse la extracción de diversas rentas parasitarias. La ocupación de la administración pública permite a los partidos asegurarse la continuidad y difusión del juego de la corrupción a través de distintas áreas geográficas, administraciones y sectores. Controlando el acceso a los diferentes organismos públicos, los partidos corruptos se aseguran de que la corrupción se consolide como una práctica establecida con normas aceptadas, consolidada en el tiempo más allá de cambios en los cargos de designación política en los diferentes puestos. A través de este mecanismo, entre otros, los partidos recompensan a aquellos que colaboran y penalizan a aquellos que no están dispuestos a jugar el juego de la corrupción.

Mientras que en las transacciones legales las leyes protegen a las partes contratantes de posibles trasgresiones contractuales, en el mercado de lo ilegal otros actores deben asumir esta función. Los partidos políticos corruptos representan uno de esos actores cuya función es reducir los costes y riesgos de los negocios ilegales. La presencia del partido en las administraciones ofrece a los diversos participantes en transacciones ocultas la posibilidad de distribuir sanciones entre los incumplidores de los acuerdos. Más allá de eso, los partidos corruptos socializan las reglas del juego ilegal permitiendo que el sistema de transacciones ocultas se expanda y facilitando la corrupción al reducir las barreras morales contra las acciones antidemocráticas e ilegales. La afiliación a un partido político y la experiencia de la vida política en general posee efectos socializadores que tienden a convertirse en parte constitutiva de la identidad de la persona e incluso de sus principios morales. Un miembro de una asociación política puede recibir reconocimiento por sus capacidades técnicas o culturales; sus cualidades éticas y morales; su lealtad o conformismo en asuntos ideológicos; lealtad a un determinado líder; astucia; agresividad o falta de escrúpulos para deshacerse de adversarios externos o internos respectivamente; capacidad para establecer lazos con la sociedad, o capacidad para proporcionar fondos al partido. La calidad moral del partido variará de acuerdo con el criterio prevalente de reconocimiento individual y, de este modo, la corrupción en el seno de los partidos, genera valores corruptos que, a su vez, se convierten en los genes de la corrupción que retroalimentan la podredumbre de la organización.

¿Seremos capaces los ciudadanos de romper la cadena, deshacer el nudo Gordiano de la corrupción y darnos unos partidos políticos sanos, participativos y democráticos capaces de interpretar y articular la voluntad general ciudadana con el objetivo de alcanzar algún tipo de concepción de Bien Común e Interés general?

¿Serán capaces las nomenclaturas y cargos orgánicos de nuestros partidos de mostrar un mínimo de altura moral o simplemente de decencia para enfrentarse a la corrupción decididamente, sin treguas, concesiones, silencios cómplices o miradas hacia otro lado?

Personalmente he decidido mantener la esperanza y la lucha en la medida de los medios a mi alcance. Necesitamos también vuestra esperanza y vuestra lucha. JUNTOS PODEMOS.

David Beetham y la legitimidad del gobierno

Según David Beetham son necesarias trescondiciones para poder afirmar la legitimidad de un sistema de gobierno representativo:

 1)  La conformidad con las reglas establecidas;
 2) La justificabilidad de las reglas por referencia a creencias compartidas, y
 3) El consentimiento expreso de los subordinados a las particulares relaciones depoder.
Así, la legalidad constituye tan luna dimensión, necesaria pero no suficientede la legitimidad: las normas mismas requieren justificación, consideraciones morales que las sustantivizan y trascienden. La justificabilidad del poder en razón de creencias compartidas implica un principio de diferenciación entre gobernantes y gobernados en base a criterios no solamente racionales, formales u organizativos sino también y principalmente morales y éticos, una fuente autorizada de valores compartidos para el fundamento de las normas y un interés común entre gobernantes y gobernados al servicio del cual está el sistema  y el poder político.
Siendo así contempladas las cosas, desde éste enfoque ¿Cuántos ciudadanos creéis que en Baleares, España y la Unión Europea sienten realmente como legítimo al gobierno y el sistema representativo que administra los recursos humanos, materiales y políticos de nuestra sociedad?
Los títeres responsables de la instrumentalización de “la política” en general a favor de los intereses particulares o de las estructuras clientelares que los colocan y mantienen en el poder a expensas de y en contra del Bien Común, serán también los responsables de las históricamente demostradas consecuencias de un descreimiento generalizado en la política y en los sistemas democráticos como instrumentos para administrar, gestionar, regular y ordenar con libertad y pluralismo el amplio territorio de los asuntos sociales, económicos y cultrales.